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jueves, 16 de noviembre de 2017
STJUE de 14 de noviembre de 2017, Asunto C-165/16: comentario y valoración jurídica.
Esta semana se ha hecho pública la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 14 de noviembre de 2017, Asunto C-165/16, de gran relevancia, y directamente relacionada con la STJUE de 10 de mayo de 2017, Asunto C-133/15.

De dicha Sentencia cabe destacar los siguientes aspectos:

Hechos.


a) Ciudadana de nacionalidad española residente en Reino Unido, que tras acceder al Derecho de Residencia Permanente a través de la Directiva 2004/38/CE1, obtiene nacionalidad británica.

b) Posteriormente contrae matrimonio con nacional de un tercer Estado (Argelia) que pretende acceder al Derecho de Residencia como familiar beneficiario conforme a la Directiva 2004/38/CE.

Partiendo de ambas premisas, el TJUE recibe cuestión prejudicial con el fin de que se pronuncie sobre si existe un Derecho de Residencia a favor de familiar nacional de un tercer Estado en el marco de la Directiva 2004/38/CE, cuestión que el propio TJUE amplia bajo al amparo del Artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea2 (en adelante TFUE), en especial su apartado 1 que se refiere al Derecho a “residir libremente en el territorio de los Estados miembros”.

Derecho de Residencia.


Como ya ocurriera con la STJUE de 10 de mayo de 2017, Asunto C-133/15, el TJUE se plantea esencialmente dos supuestos diferentes a resolver.

En el primero de los supuestos, el TJUE dispone que el Derecho de Residencia no puede tener amparo bajo el encuadre jurídico contenido en la Directiva 2004/38/CE, al considerar que esta Directiva únicamente resulta de aplicación cuando un nacional de un Estado miembro de la UE ejercer su Derecho de libre circulación y residencia en otro Estado miembro.

En este sentido se afirma que:

“31. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Directiva 2004/38 pretende facilitar el ejercicio del derecho fundamental e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, directamente conferido a los ciudadanos de la Unión por el artículo 21 TFUE, apartado 1, y reforzar ese derecho. El considerando 5 de esta Directiva pone de relieve que dicho derecho, para que pueda ejercerse en condiciones objetivas de dignidad, debe serle reconocido también a los miembros de las familias de esos ciudadanos, cualquiera que sea su nacionalidad (sentencia de 18 de diciembre de 2014, McCarthy y otros, C202/13, EU:C:2014:2450, apartados 31 y 33 y jurisprudencia citada).

32. Sin embargo, dicha Directiva no otorga ningún derecho autónomo a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que sean nacionales de un tercer Estado. Por lo tanto, los eventuales derechos que confiera a esos nacionales esta misma Directiva son derechos derivados de aquellos de los que disfruta el ciudadano de la Unión de que se trate por el hecho de ejercer su libertad de circulación (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2014, McCarthy y otros, C202/13, EU:C:2014:2450, apartado 34 y jurisprudencia citada)”.


Y acaba concluyendo lo siguiente:

“41. De ello se desprende que, desde que adquirió la nacionalidad británica, por un lado, la Sra. Ormazabal ya no responde a la definición del concepto de «beneficiario», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38, tal como se ha recordado en el apartado 34 de la presente sentencia. Por otro lado, habida cuenta de las consideraciones expuestas en los apartados 36 y 37 de la presente sentencia, dicha Directiva no regula ya la residencia de la Sra. Ormazabal en el Reino Unido, puesto que esta residencia es, por naturaleza, incondicionada

42. En estas circunstancias, procede considerar que la Directiva 2004/38 no es aplicable a la situación de la Sra. Ormazabal desde que ésta fue naturalizada en el Reino Unido”.


Por lo que respecta al segundo de los planteamientos contenidos en la Sentencia, el TJUE, sin embargo, entiende que sí existen fundamentos para reconocer el Derecho de Residencia en el presente caso al amparo del Artículo 21 del TFUE, bajo la aplicación análoga de la Directiva 2004/38/CE.

Así de claro lo dispone el TJUE en los siguientes Fundamentos:

“46. En efecto, debe recordarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en determinados casos, los nacionales de terceros Estados, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, que no podían disfrutar, en virtud de las disposiciones de la Directiva 2004/38, de un derecho de residencia derivado en el Estado miembro del que ese ciudadano era nacional, podían no obstante disponer de tal derecho sobre la base del artículo 21 TFUE, apartado 1 (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de marzo de 2014, O. y B., C456/12, EU:C:2014:135, apartados 44 a 50, y de 10 de mayo de 2017, Chávez-Vílchez y otros, C133/15, EU:C:2017:354, apartado 54).

47. Sin embargo, al igual que ocurre con la Directiva 2004/38, esta última disposición no otorga ningún derecho de residencia autónomo a tal nacional, sino únicamente un derecho derivado de aquellos de que disfruta el ciudadano de la Unión de que se trate (sentencias de 8 de noviembre de 2012, Iida, C40/11, EU:C:2012:691, apartados 66 y 67, y de 12 de marzo de 2014, O. y B., C456/12, EU:C:2014:135, apartado 36).

48. Así, un derecho de residencia derivado en favor de un nacional de un tercer Estado, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, sólo existe, en principio, cuando sea necesario para garantizar el ejercicio efectivo por parte de ese ciudadano de su libertad de circulación. La finalidad y la justificación de tal derecho derivado se basan por tanto en la consideración de que no reconocerlo puede suponer un menoscabo, en particular, de esa libertad y del ejercicio y efecto útil de los derechos que el ciudadano de la Unión de que se trate tiene en virtud del artículo 21 TFUE, apartado 1 (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de noviembre de 2012, Iida, C40/11, EU:C:2012:691, apartado 68; de 12 de marzo de 2014, O. y B., C456/12, EU:C:2014:135, apartado 45, y de 13 de septiembre de 2016, Rendón Marín, C165/14, EU:C:2016:675, apartados 36 y 73)”


Por lo que respecta a las condiciones del Derecho de Residencia, el TJUE dispone las siguientes consideraciones:

“61. En lo que respecta a los requisitos de concesión de ese derecho de residencia derivado, no deben ser más estrictos que los establecidos por la Directiva 2004/38 para la concesión de tal derecho de residencia a un nacional de un tercer Estado que es miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho de libre circulación estableciéndose en un Estado miembro distinto del de su nacionalidad, puesto que, aunque esta Directiva no contempla la situación a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior de la presente sentencia, debe aplicarse por analogía a dicha situación (véanse, por analogía, las sentencias de 12 de marzo de 2014, O. y B., C456/12, EU:C:2014:135, apartados 50 y 61, y de 10 de mayo de 2017, Chávez-Vílchez y otros, C133/15, EU:C:2017:354, apartados 54 y 55)”.

_______________

1 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de Abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.

2 Artículo 21 TFUE:
“1. Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.

2. Cuando una acción de la Unión resulte necesaria para alcanzar este objetivo, y a menos que los Tratados hayan previsto los poderes de acción al respecto, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio de los derechos contemplados en el apartado 1.

3. A los efectos contemplados en el apartado 1, y salvo que los Tratados establezcan poderes de actuación para ello, el Consejo podrá adoptar, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, medidas sobre seguridad social o protección social. El Consejo se pronunciará por unanimidad previa consulta al Parlamento Europeo”.


ALEJANDRO PEÑA PÉREZ
INFANTE & PEÑA ABOGADOS
807402024 – Abogados expertos en Derecho de Extranjería y Nacionalidad

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