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jueves, 1 de junio de 2017
¿Puede un abogado solicitar por representación Tarjeta de Familiar de Comunitario?
Es conocido por quienes nos dedicamos al ámbito del Derecho de Extranjería, que existen procedimientos en los cuales no resulta necesaria la comparecencia personal del extranjero para iniciar, y por tanto, presentar la solicitud de determinadas Autorizaciones. En estos casos, otra persona debidamente representada, como por ejemplo un abogado especialista en Derecho de Extranjería, es el encargado de iniciar el trámite correspondiente en su lugar.

Dentro de esta posibilidad de presentar por representación, en alguna ocasión me han preguntado si resulta posible solicitar por esta vía una Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión, incluso llegado el momento, la Tarjeta de Residencia Permanente como Familiar de Ciudadano de la Unión.

Mi respuesta es , al contrario de lo que mantiene la Administración, encabezada por la Dirección General de Migraciones. Los fundamentos jurídicos para ello son los siguientes:

1º.- Cabe reiterar el primer lugar el supuesto de hecho planteado: solicitud, en nombre y representación de un extranjero, de una Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión por Régimen Comunitario.

2º.- Derivado de ello, hay que partir del hecho de que todo abogado actúa en estos casos al amparo de lo Artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual se dispone que “Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado”.

3º.- En el mismo sentido, el Artículo 66.1 a) de la Ley 39/2015, para los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, establece que “Las solicitudes que se formulen deberán contener: a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente”.

4º.- En relación con lo preceptuado, y teniendo el abogado debidamente otorgada la representación de su cliente, cabe tener en cuenta el contenido de la Disposición Adicional 3ª de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su Integración Social, cuyo aparato 1º exige que “Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio español habrá de presentar personalmente las solicitudes relativas a las autorizaciones de residencia y de trabajo en los registros de los órganos competentes para su tramitación. […]”.

En idénticos términos, la Disposición Adicional 8ª, párrafo primero, del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la LO 4/2000, afirma que “De conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio español habrá de presentar personalmente las solicitudes iniciales relativas a las autorizaciones de residencia y de trabajo o a prórrogas de estancia”.

5º.- Teniendo en cuenta esta clara limitación de comparecencia personal del extranjero impuesta por la LO 4/2000 y el RD 557/2011, no obstante, cabe objetar, en primer lugar, que el propio RD 240/2007 no impone la obligación de comparecencia personal al extranjero para solicitar la Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión en su Artículo 8.

Es más, dicha comparecencia personal sí se exige en su Artículo 7.6 para el Certificado de registro de ciudadano de la Unión de nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando dispone que “Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo estarán obligados a solicitar personalmente ante la oficina de extranjeros de la provincia donde pretendan permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía correspondiente, su inscripción en el Registro Central de Extranjeros”.

Esta obligación, reitero, no se prevé en el Artículo 8 para la Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión, que solamente afirma que “La solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión deberá presentarse en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en España, ante la Oficina de Extranjeros de la provincia donde el interesado pretenda permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía correspondiente”.

6º.- En segundo lugar, cabe recordar igualmente, que según disponer el Artículo 1.3 de la LO 4/2000, corroborado por la Disposición Final 4ª del RD 240/2007, “Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables”.

En consecuencia, siendo posible al amparo de la Ley 39/2015 el inicio de un procedimiento administrativo por medio de representante debidamente acreditada, y no resultando obligatoria la comparecencia personal en ninguna de las fases de dicho procedimiento, claramente mucho más beneficioso que las exigencias impuestas por la LO 4/2000 y el RD 557/2011, considero sin lugar a dudas que la solicitud por representación de una Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión resulta plenamente conforme a Derecho.

7º.- No se debe olvidar que un razonamiento jurídico idéntico, y siguiendo las mismas premisas (aplicación de la normativa más beneficiosa), es el que llevó al reconocimiento del silencio administrativo positivo en Régimen Comunitario, directamente al amparo, en su día de la Ley 30/1992, hoy, Ley 39/2015, en contra de lo dispuesto por la Disposición Adicional 1ª de la LO 4/2000 (reconocimiento por parte de la Dirección General de Migraciones en su Resolución SGI11/1014, de 6 de Noviembre de 2013).


ALEJANDRO PEÑA PÉREZ
INFANTE & PEÑA ABOGADOS
807402024 - INFANTE & PEÑA ABOGADOS

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