Descargar tutorial GRATIS

jueves, 23 de marzo de 2017
Recomendación de la Comisión Europea sobre Expulsiones y Directiva 2008/115/CE.
El pasado 11 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Recomendación (UE) 2017/432 de la Comisión, de 7 de marzo de 2017, sobre la manera de lograr que los retornos sean más eficaces al aplicar la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

En resumidas cuentas, y bajo criterio del quien suscribe (y de cualquier persona con un mínimo de sentido común), la Recomendación de la Comisión Europea dirigida a los Estados miembros de la UE es una llamada descarada e insolente para que éstos se conviertan en perros de presa en su persecución a los inmigrantes en situación irregular (incluidos potenciales merecedores de la condición de refugiados).

Por el contenido de dicha Recomendación, así como por los términos en los que se pronuncia, invito encarecidamente su lectura para quienes se dedican al ámbito de la extranjería y las migraciones. Como anticipo, mediante este post comento los aspectos más reprochables de dicho documento:

Premisas básicas.


La Recomendación (UE) 2017/432 asienta su urgente toque de atención a los Estados miembros en dos premisas básicas: primero, el hecho de que la aplicación “relajada” de la Directiva 2008/115/CE por los distintos Estados miembros esté provocando “un impacto negativo en la eficacia de la política de la Unión en materia de retorno”; y segundo, el vergonzoso eufemismo de considerar como “creciente presión migratoria que sufren los Estados miembros” lo que realmente representa la mayor crisis humanitaria desde la II Guerra Mundial (sorprende el despotismo con el que se prostituye el concepto refugiado por el de inmigrante).

Mejoras en la capacidad de retorno (expulsión).


Se insta a los Estados miembros a implementar procedimientos de retorno más agiles, rápidos y eficaces, con los que se consiga un mayor número de expulsión de inmigrantes en situación irregular. Se recomienda, en la medida de lo posible, el aumento de personal responsable de dicho cometido.  

La Recomendación propone como fecha de cumplimiento el 1 de junio de 2017.

Expedición sistemática de decisiones de retorno.


Se exigen a los Estados miembros a que implementen “medidas para localizar y aprehender de forma eficaz a los nacionales de terceros países en situación irregular”, así como decretar las decisiones de retorno independientemente de que el extranjero disponga o no de documento de identidad. Estas decisiones de retorno deben de tener duración ilimitada para que puedan ser ejecutas en cualquier momento.

Merece la pena destacar el siguiente punto: “Los Estados miembros deben recurrir a la excepción prevista en el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/115/CE si esto facilita procedimientos más eficaces, sobre todo cuando sufran una presión migratoria considerable”, esto es, la posibilidad de que un Estado no aplique la dicha Directiva, y por tanto, los Derechos y garantías reconocidas en la misma, a los extranjeros “que sean detenidos o interceptados por las autoridades competentes con ocasión del cruce irregular de las fronteras exteriores terrestres, marítimas o aéreas de un Estado miembro y no hayan obtenido ulteriormente una autorización o derecho de estancia en dicho Estado miembro” (Art. 2.2 a) Directiva 2008/115/CE).   

¿Puede suponer esta recomendación concreta el primer paso para legitimar y generalizar las infames devoluciones en caliente?

Más CIEs, más internamientos y por más tiempo.


Se reclama la aplicación estricta de los supuestos en los que pueda decretarse el internamiento del extranjero en un CIE, y en consecuencia, el aumento de la capacidad de internamiento en cada Estado en relación con sus propias necesidades.

Como aspecto importante a denunciar, la Comisión exhorta a los Estados a “establecer en su legislación nacional un período inicial máximo de internamiento de seis meses que puedan adaptar las autoridades judiciales a la luz de las circunstancias del asunto, así como la posibilidad de prorrogar el internamiento hasta 18 meses” cuando el extranjero no coopere en su expulsión o exista demora por parte de su país en la obtención de la documentación necesaria para ello.

Merma de las garantías procesales y vías de recurso.


Sorprende de manera alarmante que se solicite a los Estados miembros a que reduzcan los plazos para interponer recursos contra las decisiones de retorno “a fin de evitar un uso inapropiado de los derechos y los procedimientos”, lo cual uno no sabe cómo encuadrar dentro del respecto al Derecho a la tutela judicial efectiva.

Igualmente se exigen que la suspensión automática (¿?) de la ejecución de una expulsión quede reducida única y exclusivamente a supuestos en los que pueda existir grave riesgo de sufrir pena de muerte, tortura u otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

Por último, se insta a “fusionar en un único trámite, en la medida de lo posible, las audiencias administrativas llevadas a cabo por las autoridades competentes para distintos fines, tales como la concesión de un permiso de residencia, el retorno o el internamiento”, o lo que es lo mismo, Administración, cuando deniegue usted la Autorización de Residencia solicitada por el extranjero, decrete su expulsión inmediata e intérnelo en un CIE, todo ello a la misma vez, si no es mucha molestia.

Menores no acompañados.


La Comisión Europea recomienda que la legislación nacional de los Estados miembros no prohíban expresamente el poder decretar decisiones de retorno contra menores no acompañados y que los mismos puedan ser internados (no especifica donde) cuando sea estrictamente necesario para poder ejecutar la expulsión. NO COMMENT.  

Riesgo de fuga.


Se dispone la siguiente relación de supuestos con presunción iuris tantum en los que se debe de considerar la existencia de riesgo de fuga:

“a) negarse a cooperar en el proceso de identificación, utilizar documentos de identidad falsos o falsificados, destruir o eliminar de otro modo los documentos existentes, negarse a facilitar impresiones dactilares;

b) oponerse violenta o fraudulentamente a la operación de retorno;

c) incumplir una medida destinada a prevenir la fuga impuesta en aplicación del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2008/115/CE, como no presentarse ante las autoridades competentes o no permanecer en un lugar determinado;

d) incumplir una prohibición de entrada ya existente;

e) proceder a movimientos secundarios no autorizados a otro Estado miembro”.

También se debe aprecia riesgo de fuga:

“a) la manifestación expresa de la voluntad de incumplir una decisión de retorno;

b) el incumplimiento de un plazo para la salida voluntaria;

c) una condena por un delito grave en los Estados miembros”.

Salida voluntaria.


Como último aspecto a destacar, se recomienda que la salida voluntaria únicamente sea concedida previa solicitud expresa por parte del extranjero, cuyo plazo solo podrá exceder de siete días si existe colaboración por parte del mismo. En todo caso, el periodo de salida voluntaria deberá ser denegado si el extranjero se encuentra en alguno de los supuestos de riesgo de fuga descritos anteriormente.


ALEJANDRO PEÑA PÉREZ
INFANTE & PEÑA ABOGADOS
807402024 - INFANTE & PEÑA ABOGADOS


0 comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Visitas

Con la tecnología de Blogger.

Buscar en este blog