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jueves, 8 de diciembre de 2016
10-D: Estándar Mínimo Internacional de Derechos Humanos.
Adelantándome al próximo sábado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en este post tratare un aspecto fundamental en este ámbito: el  Estándar Mínimo Internacional de Derechos Humanos.   

Más concretamente, el Estándar Mínimo Internacional de Derechos Humanos reconocido a los extranjeros en España en relación con los Tratados Internacionales y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto.

Partiendo de estas premisas, comencemos:

1º.- ¿En qué consiste el principio de Standard Mínimo Internacional?

  
El Standard Mínimo Internacional (SMI), viene configurado por aquellos Derechos que se consideran inherentes a todo ser humano, y que se reconocen por el hecho de ser persona. Estos Derechos no están condicionados a ningún tipo de requisito adicional, ni admite discriminación alguna es su concepción como tal.

2º.- ¿Dónde tiene su origen el reconocimiento del Standard Mínimo Internacional?


Los Derechos integrados en el SMI tienen su legitimación última en una saga de Convenios Internacionales, entre los que cabe destacar los siguientes:

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (CIPDTMF).

Convenio para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales  (CEDH).

Por medio de estos Convenios Internacionales se reconoce un SMI de Derechos abogando por dos Principios fundamentales para su concepción:

a) Son Derechos inherentes e intrínsecos a la dignidad humana de las personas, que se reconocen así por ser inseparables del ser humano como tal, siendo por ello indisponibles por los Estados partes de dichos Convenios Internacionales.

b) Son Derechos cuya aplicación no permite discriminación entre seres humanos iguales, o lo que es lo mismo, su reconocimiento se fundamenta en el Principio de no discriminación, sin que quepa distinguir entre nacionales y extranjeros1.

3º.- ¿Cuál es la incidencia del SMI en el ordenamiento jurídico español?


El SMI, así como los Principios que le sirven como inspiración, tienen especial trascendencia en España, y no únicamente por el hecho de ser Estado parte en los Convenios citados –a excepción funesta del Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares-, sino porque así lo reconoce expresamente el Artículo 10 de la Constitución.

De dicho precepto se desprende, por una parte, la impronta imprescindible de la dignidad humana como leitmotiv en el reconocimiento de los Derechos que integran en SMI; y por otro, la esencia interpretativa de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en los Textos Internacionales a los que se ha hecho referencia anteriormente.

Así se ha manifestado el Tribunal Constitucional, que declaró en la STC 36/1991, que si bien el Artículo 10.2 de la Constitución “no da rango constitucional a los derechos y libertades internacionalmente proclamados en cuanto no estén también consagrados por nuestra propia Constitución, pero obliga a interpretar los correspondientes preceptos de ésta de acuerdo con el contenido de dichos Tratados o Convenios, de modo que en la práctica este contenido se convierte en cierto modo en el contenido constitucionalmente declarado de los derechos y libertades que enuncia el capítulo 2º del Título I CE.”

4º.- ¿Cuál es el contenido del SMI que se reconocen a los extranjeros en España?


Para delimitar los Derechos integrantes del SMI que España reconoce a los extranjeros, y en qué medida, debe partirse de la STC 107/1984, de trascendental importancia2. De la misma se desprende que los Derechos y Libertades, según se reconozca su titularidad o no los extranjeros, se dividen en tres grupos:

a) Standard mínimo de Derechos, que “corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos”. Estos derechos son los que, citando por todas a la STC 236/2007, “pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadanos, o dicho de otro modo, se trata de derechos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que conforme al art. 10.1 de nuestra Constitución es el fundamento del orden político español” (SSTC 107/1984, FJ 3; 99/1985, FJ 2; y 130/1995, de 11 de septiembre, FJ 2). También nos hemos referido a ellos como derechos “inherentes a la dignidad de la persona humana” (STC 91/2000, de 30 de marzo, FJ 7). En esta situación se encontrarían el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, la libertad ideológica (STC 107/1984, FJ 3), pero también el derecho a la tutela judicial efectiva (STC 99/1985, FJ 2) y el derecho instrumental a la asistencia jurídica gratuita (STC 95/2003, FJ 4), el derecho a la libertad y a la seguridad (STC 144/1990, de 26 de septiembre, FJ 5), y el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (STC 137/2000, de 29 de mayo, FJ 1). Todos ellos han sido reconocidos expresamente por este Tribunal como pertenecientes a las personas en cuanto tal, pero no constituyen una lista cerrada y exhaustiva.”        

b) Derechos modulables, que “pertenecerán o no a los extranjeros según lo dispongan los tratados y las Leyes, siendo entonces admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio”. Estos derechos son los que no siendo atribuidos a los extranjeros dentro del SMI por la Constitución, sí pueden ser reconocidos a favor de los mismos por medio de los Convenios Internacionales de los que España sea parte o a través de las Leyes, como sucede con Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su Integración Social. Respecto a los mismo, afirma la STC 236/2007, que “el art. 13 CE autoriza al legislador a establecer “restricciones y limitaciones” a tales derechos, pero esta posibilidad no es incondicionada por cuanto no podrá afectar a aquellos derechos que “son imprescindibles para la garantía de la dignidad de la humana que, conforme al art. 10.1 CE, constituye fundamento del orden político español”, ni “adicionalmente, al contenido delimitado para el derecho por la Constitución o los Tratados Internacionales suscritos por España” (STC 242/1994, FJ 4). De nuestra jurisprudencia se deduce que éste sería el régimen jurídico de derechos tales como el derecho al trabajo (STC 107/1984, FJ 4), el derecho a la salud (STC 95/2000, FJ 3), el derecho a percibir una prestación de desempleo (STC 130/1995, de 11 de septiembre, FJ 2), y también con matizaciones el derecho de residencia y desplazamiento en España (SSTC 94/1993, FJ 3; 242/1994, FJ 4; 24/2000, de 31 de enero, FJ 4).”

c) Derechos no perteneciente a los extranjeros, que son los reconocidos en el art. 23 de la Constitución, según dispone el art. 13.2 y con la salvedad que contienen. Estos derechos, el Derecho al sufragio activo y pasivo, esto es, el Derecho a ser elector y a ser elegible, pertenecen en exclusividad a los ciudadanos españoles, permitiendo únicamente el ejercicio de estos Derechos a los extranjeros según el texto del Artículo 13.2 de la CE3.

5º.- Partiendo del contenido del SMI ¿De qué derechos son titulares los extranjeros que se encuentran en España en situación irregular?

 
Concluyendo con todo lo expuesto hasta el momento, la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional reconoce expresamente el contenido esencial del SMI respecto a los extranjeros en situación irregular a través de los siguientes Derechos (especialmente reconocidos en la STC 236/20074):

Derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social en la aplicación de la Ley, ex Artículo 14 CE (STC 107/1984, FJ 3; STC 137/2000, FJ 1).

Derecho a la Vida, a la Integridad física y moral, Artículo 15 CE (STC 107/1984, FJ 3).

Derecho a la Libertad ideológica y religiosa, Artículo 16 CE (STC 107/1984, FJ 3; STC 20/1990, FJ 3).

Derecho a la Libertad y a la Seguridad, Artículo 17 CE (STC 115/1987, FJ 1; STC 144/1990, FJ 5).

Derecho al Honor, la Intimidad personal y familiar y a la propia imagen, Artículo 18 CE (STC 107/1981, FJ 2; STC 107/1984, FJ 3; STC 214/1991, FJ 1 y 8; STC 207/1996, FJ3, que cita entre otras a las SSTC 231/1988, 197/1991, 20/1992, 219/1992, 142/1993, 117/1994 y 143/1994).

Derecho a la Libertad de Expresión, Artículo 20 CE, por su vinculación con el  Artículo 16 CE (STC 6/1988, FJ 5), Artículo 21 CE (STC 163/2003, FJ 2; STEDH caso Stankov, de 13 de Febrero de 2003, § 85; STEDH caso Rekvényi, de 20 de Mayo de 1999, § 58) y Artículo 22 CE (STEDH caso Vogt, de 26 de Septiembre de 1995, § 64; STEDH caso Ahmed, de 2 de Septiembre de 1998, § 70).

Derecho a la Libertad de Reunión y Manifestación, Artículo  21 CE (STC 99/1985, FJ 2; STC 115/1987, FJ 2; STC 91/2000, FJ 3 y 7; STC 95/2003, FJ 5; especialmente STC 236/2007, FJ 6 y SSTC sucesivas), y en su vinculación con el Artículo 16 CE (STC 163/2003, FJ 2; STEDH caso Stankov, de 13 de Febrero de 2003, § 85; STEDH caso Rekvényi, de 20 de Mayo de 1999, § 58).

Derecho a la Libertad de Asociación, Artículo 22 CE (STC 115/1987, FJ 3; STC 173/1998, FJ 8; STC 104/1999, FJ 3; especialmente STC 236/2007, FJ 7 y SSTC sucesivas), y en su relación con el Artículo 16 CE (STEDH caso Vogt, 26 de Septiembre de 1995, § 64; STEDH caso Ahmed, 2 de Septiembre de 1998, § 70).

Derecho a la Tutela judicial efectiva y al beneficio de la asistencia jurídica gratuita, Artículo 24 CE (STC 99/1985, FJ 2; STC 95/2003, FJ 4 y 5).

Derecho a la Legalidad penal (y Sancionadora Administrativa), Artículo 25.1 CE (STC 42/1987, FJ 2; STC 154/1990, FJ 3).

Derecho a la Educación, Artículo 27.1 CE (STC 6/1981, FJ 3; STC 86/1985, FJ 3; especialmente STC 236/2007, FJ 7 y SSTC sucesivas; STEDH caso Irlanda contra Reino Unido, de 18 de Enero de 1978, § 238; STEDH caso Príncipe Hans- Adams II de Lichtenstein, de 12 de Julio de 2001, § 46), y su especial vinculación el Artículo 16 CE (STC 5/1981, FJ 9) y el Artículo 17 CE (STC 86/1985, FJ 3).

Derecho a la Libertad de Sindicación, Artículo 28.1 CE (especialmente STC 236/2007, FJ 8 y SSTC sucesivas).

Derecho a la Huelga, Artículo 28.2 CE (STC 11/1981, FJ 11; especialmente STC 259/2007, FJ 7).

_____________________

1 Así se desprende de manera clara de los Artículos 2.1 DUDH; 2.1 PIDCP; 2.2 PIDESC; 7 CIPDTMF; y 14 CEDH.

2 Esta Sentencia ha sido reiterada por jurisprudencia consolidada, citándose entre otras, STC 99/1985, FJ 2; STC 115/1987, FJ 1; STC 94/1993, FJ 2; STC 116/1993, FJ 2; STC 242/1994, FJ 4; STC 130/1995, FJ 2; STC 91/2000, FJ 1; STC 137/2000, FJ 1; STC 95/2000, FJ 3; STC 95/2003, FJ 5; STC 72/2005, FJ 5; y la importantísima STC 236/2007, FJ 3.     

3 Artículo 13.2 CE: “2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”.

4 En complemento de esta STC, ver también SSTC 259/2007, 260/2007, 261/2007, 262/2007, 263/2007, 264/2007, y 265/2007.

ALEJANDRO PEÑA PÉREZ
INFANTE & PEÑA ABOGADOS
807 402 024 - Asesoramiento jurídico telefónico.


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