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jueves, 28 de julio de 2016
Una duda muy común que se me suele plantear en el día a día en el despacho, y sobre la que mayoría de las Administraciones no saben dar una respuesta correcta, es si los beneficiarios del Régimen Comunitario de Derecho de Extranjería (RD 240/2007)1 deben de tener concedida la Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión para poder trabajar legalmente en España.

Ante esta pregunta, la gran mayoría de las Administraciones Públicas –incluida alguna que otra Oficina de Extranjería- suele responder negativamente, considerando que resulta imperativa la concesión de la Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión para hacer efectivos los Derechos que la misma conlleva aparejados, entre ellos, el Derecho a poder trabajar.

Desde hace años vengo manteniendo que la Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión no resulta necesaria para poder ejercer el Derecho a trabajar, existiendo los siguientes argumentos jurídicos de peso que respaldan dicha tesis:
jueves, 21 de julio de 2016
Supuestos de Residencia de Larga Duración.
La Autorización de Residencia de Larga Duración es aquella que permite al extranjero residir en España de manera indefinida, así como a trabajar en las mismas condiciones que los españoles.

Su regulación viene delimitada por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, así como por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000. Igualmente, en todos aquellos aspectos que no se encuentren expresamente regulados por la normativa citada, resultaría de aplicación la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003 relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.

Por regla general, se suele asociar la obtención de la Residencia de Larga Duración con un tiempo de residencia legal previo de cinco años. No obstante, existen otros muchos supuestos que permiten la concesión de esta Autorización, y que son igualmente válidos para la obtención de este estatus jurídico.

Estos supuestos son los siguientes:
jueves, 14 de julio de 2016
Autorización de Trabajo para (extranjeros) penados en régimen abierto o libertad condicional.
La Autorización de Trabajo para penados en régimen abierto o libertad condicional es aquella mediante la cual los extranjeros condenados penalmente, y que se encuentren en alguno de los supuestos previstos, son habilitados a trabajar en las mismas condiciones que el resto de extranjeros.

La regulación de su régimen jurídico viene establecida fundamentalmente a través del Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueban las Instrucciones de 1 de julio de 2005, por las que se determina el procedimiento para autorizar el desarrollo de actividades laborales, por parte de los internos extranjeros en los talleres productivos de los centros penitenciarios, y el ejercicio de actividades laborales a penados extranjeros en régimen abierto o en libertad condicional.

Partiendo de lo expuesto, se pueden destacar de este tipo de Autorización las siguientes características:
jueves, 7 de julio de 2016
Artículo 31.3 LO 4/2000: aplicación directa y numerus apertus.
El día a día del abogado especialista en Derecho de Extranjería suele venir marcado por un denominador común: la lucha constante contra la interpretación restrictiva y sistemática que suele caracterizar a la Administración.

Dentro de este elenco de atrocidades limitativas de los Derechos y Libertades de los extranjeros en España, existe un aspecto que suele predominar entre todas las Oficinas de Extranjería, y que resiste la insuficiente oposición jurídica por parte de los abogados extranjeristas, como son: 

a) la consideración de que los únicos supuestos de Arraigo, Circunstancias Excepcionales o Razones Humanitarias admisibles dentro del Derecho de Extranjería suelen ser los previstos en el RD 557/2011


b) la negativa tajante e innegociable de que no resulta posible alegar la directa aplicación del Artículo 31.3 de la LO 4/2000 para amparar un supuesto de Arraigo, Circunstancias Excepcionales o Razones Humanitarias distintos a los previstos reglamentariamente.
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