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sábado, 6 de febrero de 2016
¿Cómo recurrir con éxito la denegación de Residencia de Larga Duración por antecedentes penales?
Exceptuando la adquisición de la nacionalidad española (que para muchos es el estatus jurídico de mayor valía que pueden alcanzarse en España por un foráneo), la Residencia de Larga Duración es el objetivo primordial al que aspiran los extranjeros no comunitarios y que les dota de una tranquilidad (casi) absoluta como residentes legales en España.

Este estatuto jurídico, que reconoce el Derecho de residencia indefinida en España, se ha convertido en los últimos años en el común denominador de la mayoría de los extranjeros extracomunitarios. No en vano, según estadísticas del Observatorio Permanente de Inmigración (OPI), en junio de 2015 los extranjeros con Residencia de Larga Duración en España representaban más del 80%.

Como consecuencia de ello, resulta de vital importancia cumplir con los requisitos exigidos por el Derecho de Extranjería para la obtención de este Derecho de Residencia, pero sobre todo, no conceder a las Oficinas de Extranjería ningún motivo para que puedan denegar este tipo de trámites.

En los últimos años, además de las denegaciones de Autorizaciones de Residencia de Larga Duración debido a las salidas excesivas del territorio nacional, la Administración viene considerando la mera existencia de antecedentes penales no cancelados como causa automática para denegar.

En relación con este último motivo, y entendiendo que en la mayoría de los casos la denegación de la Residencia de Larga Duración no resulta conforme a Derecho, mediante el presente post se pretende enumerar, desde nuestra experiencia como abogados especializados en Derecho de Extranjería, una serie de axiomas esenciales para poder combatir con éxito este tipo de denegaciones en sede judicial:
 

1º.- Conocer las limitaciones jurídicas al Derecho de Residencia de Larga Duración.


Resulta evidente que para poder combatir con éxito la denegación de una Autorización de Residencia de Larga Duración basada en la tenencia de antecedentes penales no cancelados, lo primero que se debe conocer precisamente es en que supuestos cabe limitar el Derecho de Residencia de Larga Duración.

Partiendo de la premisa innegable de que existe una incorrecta transposición al Derecho de Extranjería española de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003 relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, que omite (deliberadamente o ¿no?) aspectos esenciales de la misma, resulta necesario acudir a la propia Directiva, cuyo Artículo 6, titulado “Orden público y seguridad pública”, apartado 1º dispone expresamente que “Los Estados miembros podrán denegar el estatuto de residente de larga duración por motivos de orden público o de seguridad pública”, y sigue afirmado que “Al adoptar la correspondiente resolución, el Estado miembro tomará en consideración la gravedad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública, o el peligro que representa la persona en cuestión, teniendo también debidamente presente la duración de la residencia y la existencia de vínculos con el país de residencia”.

2º.- Práctica administrativa generalizada: denegación automática.   


A pesar de lo expresado por el Artículo 6.1 de la Directiva 2003/109/CE, así como las condiciones exigidas por dicho precepto para que la Administración pueda limitar, y por tanto denegar, el estatuto de Residencia de Larga Duración, la práctica administrativa en general viene decretando la denegación automática de la Autorización de Residencia de Larga Duración por la mera existencia de antecedentes penales no cancelados, sin valorar ningún otra circunstancia al respecto.

En consecuencia, la regla general será un Resolución denegatoria en el cual la Administración no demuestra ni motiva mínimamente la concurrencia de las premisas exigidas por el Artículo 6.1 de la Directiva 2003/109/CE, en especial, la existencia de razones de orden público o seguridad pública.

3º.- Correcta interpretación de los conceptos “orden público” y “seguridad pública”.


Partiendo de los dos principios anteriores, una buena defensa jurídica debe basarse en la adecuada interpretación que de los conceptos jurídicos indeterminados “orden público” y “seguridad pública” se viene realizando por la jurisprudencia, especialmente la emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el fin de demostrar que la Administración se aparta de estos criterios interpretativos a la hora de resolver la denegación de una Autorización de Residencia de Larga Duración.

Entre esta jurisprudencia consolidada, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como de diversos Tribunales Superiores de Justicia, cabe destacar, entre otras muchas, Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de fecha 3 de septiembre de 2000, Asunto C-355/98; Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de fecha 10 de julio de 2008, Asunto C-33/2007; Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 24 de marzo de 2008, Recurso Nº 307/2008; Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de fecha 15 de febrero de 2011, Recurso Nº 370/2010; o Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 8 de septiembre de 2011, Recurso Nº 274/2011.

La jurisprudencia citada coincide en exigir, para que la Administración pueda limitar el estatuto de Residencia de Larga Duración, que concurran las siguientes premisas:

a) Existencia de razones de orden público o seguridad pública.

b) Existencia de motivos suficientes, razonables y razonados de que la conducta personal del extranjero constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.

c) Que se tenga en cuenta, única y exclusivamente la conducta personal del extranjero, sin que pueda alegarse razones que no tengan relación directa con el caso concreto o basadas en motivos de prevención general.

d) Tener en cuenta de manera expresa que la existencia de condenas penales no constituye, per se, y de manera automática razón suficiente para denegar una Autorización de Residencia de Larga Duración.

4º.- Dejar constancia de aquellos aspectos positivos y acreditativos de arraigo del extranjero.


Con el fin de respaldar todos los axiomas anteriores, se recomienda hacer referencia expresa a todos aquellos aspectos positivos que concurran en el extranjero y relativos a la situación de arraigo en España, entre los que se pueden citar (además de los cinco años de Residencia Legal previos):

a) La existencia de arraigo laboral, arraigo social u otros aspectos que dejen constancia de su plena integración en España.

b) Hacer referencia a la existencia de condena penal única y/o al cumplimiento íntegro de la condena o condenas impuestas.

c) Acreditar el hecho de estar plenamente reinsertado socialmente, sin que haya existido reincidencia penal.

d) Por último, y más importante de todas las citadas, la existencia de arraigo familiar y su vinculación con el Derecho a la vida en familia, amparado jurídicamente tanto a nivel nacional como supranacional, así como por la jurisprudencia nacional e internacional existen al respecto.

5º.- Supuestos reales: éxitos judiciales.


Por último, y como dice el sabio refranero español que para muestra un botón, y que predicar con el ejemplo es el mejor argumento, comparto en este post tres casos diferentes de denegación de Autorización de Residencia de Larga Duración por existir antecedentes penales no cancelados recurridos en vía judicial y cuyo resultado ha sido plenamente satisfactorio para los intereses de nuestros clientes.




ALEJANDRO PEÑA PÉREZ
INFANTE & PEÑA ABOGADOS

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