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jueves, 1 de octubre de 2015
Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión: nociones básicas.
La Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión (en adelante TFC), se encuentra regulada dentro del Régimen Comunitario del Derecho de Extranjería español (RD 240/2007)1, y habilita a los familiares de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea2, de un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo3 y Suiza (en adelante ciudadano comunitario) a residir legalmente en España bajo un estatuto privilegiado dentro del Derecho de Extranjería.

Veamos los aspectos más destacados:

Beneficiarios:


La TFC reconoce el Derecho de Residencia en España al extranjero nacional de un tercer Estado que sea familiar de un ciudadano comunitario, convivían con éste y tengan la intención de residir en España por periodo superior a tres meses.

Tienen la consideración de familiares beneficiarios los siguientes:

a) El cónyuge, siempre que no exista nulidad del vínculo matrimonial o divorcio.

b) La pareja de hecho registrada inscrita en un Registro Público establecido a estos efectos en un Estado miembro de la UE o en un Estado parte en el AEEE, siempre que no se haya cancelado dicha inscripción4. En ningún caso será compatible con el matrimonio.

c) Los descendientes directos, los del cónyuge o pareja de hecho registrada, menores de veintiún años, mayores de esta edad que vivan a su cargo, o incapaces.

d) Los ascendientes directos, los del cónyuge o pareja de hecho registrada que vivan a cargo.

Derechos:


Además del Derecho a residir legalmente, la TFC permite entrar y salir de España. Igualmente, la TFC habilita a realizar estudios y a trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles, salvo por lo que respecta al desarrollo de ciertos puestos dentro de la Administración Pública.

Acceso:


Además de las exigencias descritas hasta el momento, para acceder a la TFC se requiere que el ciudadano comunitario, se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en España5.

b) Disponer para sí y para sus familiares de recursos económicos suficientes para no convertirse en una carga para el Estado, incluida cobertura sanitaria.

c) Estar matriculado para cursar estudios en un centro público o privado6, contar con seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos en España y disponer para sí y sus familiares recursos económicos suficientes que garanticen no convertirse en una carga para el Estado.

Vigencia:


La TFC tendrá una vigencia de cinco años, salvo que se encuentre vinculada con el Certificado de Residencia de un ciudadano comunitario, en cuyo caso la vigencia se extenderá hasta la misma fecha que éste.

En todo caso, esta vigencia se verá afectada por ausencia del territorio español superiores a seis meses en el periodo de un año, en cuyo caso quedará extinguido el Derecho de Residencia, excepto que se acredite que las ausencias vienen motivadas por el cumplimiento de obligaciones militares. Igualmente, cuando las ausencias superen los doce meses consecutivos, tampoco afectarán al Derecho de Residencia cuando estén provocadas por estado de gestación, parto, posparto, enfermedad grave, estudios, formación profesional, o traslados por razones de carácter profesional a otro Estado miembro o a un tercer país.

No se tendrá en cuenta bajo ningún concepto las ausencias derivadas de una relación laboral con determinadas organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones, y que realicen para aquéllas proyectos de investigación, cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria, llevados a cabo en el extranjero; o que permanezcan en el territorio de otro Estado miembro de la UE realizando programas temporales de estudios fomentados por la propia Unión.

Mantenimiento del Derecho de Residencia:


El familiar beneficiario de la TFC no perderá el Derecho de Residencia obtenido, y por tanto mantendrá la Tarjeta, en los siguientes casos:

a) Por fallecimiento del ciudadano comunitario, siempre y cuando haya existido residencia previa en España con anterioridad al fallecimiento. No obstante, el familiar tendrá la obligación de comunicar dicha circunstancia.

En cualquier otro caso, los hijos y el progenitor que tenga atribuida la custodia de los menores, mantendrán el Derecho de Residencia siempre y cuando los hijos residan en España y estén matriculados en un centro de enseñanza para cursar estudios y hasta la finalización de éstos.

b) Por salida de España del ciudadano comunitario, únicamente los hijos y el progenitor que tenga atribuida la custodia, siempre y cuando los hijos residan en España y estén matriculados en un centro de enseñanza para cursar estudios y hasta la finalización de éstos.

c) En caso de nulidad matrimonial, divorcio o cancelación de la inscripción como pareja de hecho registrada, siempre y cuando se concurra alguno de los siguientes supuestos:

i) Duración, como mínimo, de tres años de matrimonio o situación de pareja de hecho registrada (contados hasta el inicio de los trámites para la disolución del vínculo), de los cuales al menos un año debe de haber transcurrido en España.

ii) Ostentar, por mutuo acuerdo o resolución judicial, la custodia de los hijos del ciudadano comunitario por parte del ex-cónyuge o ex-pareja de hecho.

iii) Haber sido víctima de violencia de género durante la vigencia del matrimonio o pareja de hecho registrada7.

iv) Haber sido víctima de trata de seres humanos por parte del cónyuge o pareja durante la vigencia del matrimonio o pareja de hecho registrada8.

d) Cuando exista resolución judicial o decisión de mutuo acuerdo entre las partes que esté vigente y reconozca el Derecho de visita respecto al hijo menor del ex-cónyuge o ex-pareja de hecho, cuando el menor resida en España.

Derecho de Residencia Permanente:


Los familiares de ciudadano comunitario tendrán Derecho a la Residencia Permanente una vez transcurridos cinco años como residentes legales. Igualmente se accederá a la Residencia Permanente si al ciudadano comunitario del que es familiar se le reconoce este Derecho, según los supuestos regulados en el RD 240/2007.

En estos casos se concederá una Tarjeta de Residencia Permanente como Familiar de Ciudadano de la Unión con una vigencia de diez años.

Limitaciones al Derecho de Residencia:


El Derecho de Residencia amparado por el RD 240/2007 para los familiares de comunitario no tiene carácter absoluto. Al contrario, cuando existan razones de orden público, seguridad pública o salud pública9, la Administración, además de impedir la entrada en España u ordenar la expulsión10 o devolución del país, podrá resolver la denegación de la concesión inicial o renovación de la TFC.

No obstante, cuando la Administración base su decisión en razones de orden público o de seguridad pública, estará obligada a fundamentar dicha decisión, única y exclusivamente, en la conducta personal de quien sea objeto de aquéllas, que, en todo caso, deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Para ello habrá que tener en cuenta los informes de Autoridades policiales, fiscales o judiciales que obren en el expediente.

Es necesario tener en cuenta que la existencia de condenas penales anteriores no constituirá, por sí sola, razón para adoptar dichas medidas.

___________


1 Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

2 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.

3 Islandia, Liechtenstein y Noruega.

4 En España, los Registros Públicos admitidos a estos efectos son los pertenecientes a las Comunidades Autonómicas.

5 La condición de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia no se verá afectada en los siguientes casos:

a) Cuando exista una situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente.

b) Cuando habiendo trabajado por cuenta ajena más de un año, el trabajador se encuentre en situación de paro involuntario y esté inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo competente.

c) Cuando no habiendo encontrado trabajo en los primeros doce meses o habiendo trabajado por cuenta ajena menos de un año, el trabajador se encuentre en situación de paro involuntario y esté inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo competente. En este caso, la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser inferior a seis meses.

d) Cuando se esté siguiendo un curso de Formación Profesional (Salvo que se encuentre en situación de paro involuntario, el mantenimiento de la condición de trabajador exigirá que la formación guarde relación con el empleo previo).

6 Reconocido o financiado por la Administración educativa competente, de acuerdo con la legislación vigente.

7 Esta circunstancia se acreditará, provisionalmente, mediante orden de protección o informe del Ministerio Fiscal en el que se deje constancia de la existencia de indicios de violencia de género, y con carácter definitivo, cuando se decrete por medio de resolución judicial.

8 Esta circunstancia se acreditará, provisionalmente, cuando se inicie proceso penal en el que el cónyuge o pareja tenga la condición de imputado y el  familiar la de posible víctima, y con carácter definitivo, cuando recaiga resolución judicial que lo corrobore.

9 Únicamente se podrá alegar razones de salud pública cuando existan enfermedades potencialmente epidémicas (según criterios marcados por la Organización Mundial de la Salud), u otras enfermedades infecciosas o parasitarias contagiosas previstas por la legislación española vigente.

10 La decisión de expulsión únicamente se podrá imponer al extranjero con Derecho de Residencia Permanente si existen motivos graves de orden público o seguridad pública. Previamente habrá de valorarse el tiempo de residencia del extranjero en España, su integración social y cultural, edad, estado de salud, arraigo familiar, situación económica, así como el grado de importancia de los vínculos con su país de origen.

En todo caso, la prohibición de entrada aparejada a la decisión de expulsión podrá ser objeto de revisión dentro del plazo razonable determinada por la autoridad que impuso la misma, o en todo caso, a los tres años desde que se decretó la prohibición de entrada.

Únicamente será posible expulsar a un ciudadano comunitario que haya residido en España durante los diez años previos, o que sea menor de edad (excepto si la repatriación es conforme al interés superior del menor), cuando se justifique razonadamente la existencia de “motivos imperiosos de seguridad pública”. Dicha situación deberá ser suficientemente acreditada por la Administración.

En consecuencia, cuando la Administración alega razones de orden público, seguridad pública, no basta con la mera existencia de condenas penales para la imposición de este tipo de medidas limitativas del Derecho de Residencia, sino que resulta imperativo que se delimite la situación concreta en la que se encuentra el extranjero afectado, así como su condición de amenaza real, actual y suficientemente grave para los intereses fundamentales de la sociedad. 

ALEJANDRO PEÑA PÉREZ
INFANTE & PEÑA ABOGADOS


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