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jueves, 21 de mayo de 2015
Ministerio del Interior, devoluciones y Transparencia.
Hace un mes, como buen ciudadano, sentí curiosidad por el Portal de Transparencia que el Gobierno ha creado como respuesta a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Según el Artículo 1 de dicha Ley, se establece como objetivo primordial “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”.

Con la finalidad (empírica) de saber si esto era realmente cierto, hice una pequeña consulta al Ministerio del Interior sobre las polémicas actuaciones en la frontera sur de España por parte de los agentes de la Guardia Civil: las devoluciones en caliente.


La solicitud de información, bajo el asunto “Devoluciones de extranjeros realizadas en las fronteras de Ceuta y Melilla” hacía referencia a cuatro aspectos básicos:

1º.- Según afirmación reiterada de autoridades de la Guardia Civil y representantes del Ministerio del Interior, destacando entre ellos al propio Ministro Fernández Díaz, las devoluciones de extranjeros realizadas en las fronteras de Ceuta y Melilla se hacen al amparo de la legalidad Vigente.

Desde una gran número de entidades se afirma lo contrario (ONGs, abogados, Asociaciones Pro Inmigrantes, Subcomisión de Extranjería del CGAE, Defensor del Pueblo, Comisión Europea, Consejo de Europa, etc…), considerando que se viola de manera flagrante los Derechos Humanos de los inmigrantes con estas devoluciones, denominadas comúnmente como devoluciones en caliente.

Ante estas dos posiciones, y ante la evidencia de que las devoluciones realizadas por la Guardia Civil en las fronteras de Ceuta y Melilla no se amparan en los Artículos 58 de la LO 4/2000 y 23 del RD 557/2011 (al no existir identificación del extranjero devuelto, procedimiento administrativo previo, asistencia letrada, interprete, posibilidad de solicitar protección internacional, etc…), desearía conocer bajo que encuadre jurídico, según criterio del Ministerio del Interior, se realizan estas devoluciones. Concretamente desearía conocer expresamente el cuerpo normativo, nacional e internacional, y preceptos concretos de estas normas jurídicas, en las que el Ministerio del Interior y la Guardia Civil amparan jurídicamente las devoluciones de extranjeros en las fronteras de Ceuta y Melilla.

2º.- Igualmente, desearía conocer el tratado internacional o norma jurídica que delimita expresamente el límite fronterizo terrestre entre Ceuta- Marruecos y Melilla-Marruecos.


3º.- Así mismo, el tratado internacional o norma jurídica que escuda la afirmación del Ministerio del Interior de que las vallas fronterizas que separan las ciudades de Ceuta y Melilla de Marruecos se encuentran en territorio marroquí, en contra de la versión mayoritaria de expertos jurídicos que consideran que todas las vallas fronterizas se encuentran situadas en territorio español.


4º.- Por último, desearía conocer las estadísticas de los últimos cinco años, si es que existen, de extranjeros devueltos por las autoridades españolas en las fronteras de Ceuta y Melilla, ya sean: (1) al amparo de los Artículos 58 de la LO 4/2000 y 23 del RD 557/2011, o (2) al amparo de las normas jurídicas alegadas por el Ministerio del Interior y que representan las denominadas devoluciones en caliente


Ante esta solicitud de información, la respuesta del Ministerio del Interior, recibida esta misma semana y haciendo gala de la “transparencia” que le confiere la Ley 19/2013, ha sido la siguiente:

Respuesta a la primera solicitud:


“Las devoluciones de extranjeros que pretenden entrar ilegalmente en nuestro país, se rigen por lo dispuesto en el art. 58.3.b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en art. 23 del R.D. 557/2011 de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

Asimismo, la disposición adicional décima de la citada Ley, introducida por la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en vigor desde el 1 de abril del presente año, establece la posibilidad de que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada  ilegal en España. Respetando en todo caso la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España sea parte.

La Guardia Civil basa su actuación en las fronteras de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en la custodia de costas y fronteras, cuya misión tiene encomendada a tenor del art. 12 de Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, conforme a los requisitos de entrada en territorio español establecidos en el art. 25 de la citada Ley Orgánica 4/2000, impidiendo el paso ilegal de las mismas; así el concepto de "devoluciones en caliente" que menciona el solicitante, término que no se encuentra recogido en nuestro ordenamiento jurídico, cabe entenderlo referido al rechazo en frontera, que se desarrolla habitualmente  en un breve espacio de tiempo como una respuesta inmediata ante intentos de asalto masivo por desbordamiento en puntos no habilitados, orientada al desalojo de la misma hacia el lugar de procedencia, sin posibilidad por ello de recuento estadístico oficial al respecto”.

Respuesta a la segunda solicitud:


SILENCIO ABSOLUTO.


Respuesta a la tercera solicitud:


SILENCIO ABSOLUTO.


Respuesta a la cuarta solicitud:


“Con respecto a  las  estadísticas de  devoluciones  realizadas al amparo de los artículos 58.3.b) de la Ley Orgánica 4/2000, y art. 23 de su Reglamento,  en  virtud  de  las labores  de control  de inmigración  irregular que  están  atribuidas  por  la  LO  2/1986  de  13  de  marzo  de  Fuerzas  y Cuerpos de Seguridad, al Cuerpo Nacional de Policía, las mismas se constituyen en "funciones administrativas de vigilancia, inspección y control",  por  lo  que  el  acceso  a  dicha  información  se  halla  limitado  al amparo del art. 14.1.g) de la Ley 19/2013”.


Por si todavía el lector de este post todavía no se ha dado cuenta, resulta burlesca la concepción respecto a “garantizar el derecho de acceso a la información” o el alcance de “las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento” de la que hace gala el Ministerio del Interior. Su cinismo tampoco tiene parangón. De las respuestas otorgadas por el Ministerio, así como de los silencios ofrecidos, no cabe sino destacar el circo de la farsa en la que se ha convertido esta Administración.

¿De verdad se cree el Ministerio del Interior que las devoluciones ilegales realizadas por la Guardia Civil son las que se regulan en los Artículos 58.3 b) de la LO 4/2000 y 23 del RD 557/2011? ¿Considera realmente que los extranjeros devueltos ilegalmente han tenido acceso a los Derechos que estos preceptos reconocen (Derecho a la asistencia letrada, Derecho a un intérprete, obligación de dictar por escrito una resolución de devolución, Derecho a interponer recursos, Derecho a la no devolución, non-refoulement)? ¿En serio piensan que sus agentes reconocen y respetan todos estos Derechos cuando acarrean al extranjero hacia las puertas fronterizas y se deshacen de ellos como de si escoria se tratara? ¿De verdad, Señor Fernández Díaz?

Y qué decir de la afirmación de que el amparo legal se encuentra en la nueva Disposición Adicional 10ª en la LO 4/2000 y en la figura del rechazo en frontera. Al margen del cuestionamiento jurídico y constitucional de esta nueva regulación ¿Qué amparo normativo existía antes de la aprobación de la Ley Mordaza? ¿O es que el Ministerio tenía o sigue teniendo licencia para actuar al margen del Ordenamiento Jurídico? Y eso de que se actúa “respetando en todo caso la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España sea parte”. De risa…    

Sobre el silencio respecto al marco jurídico que delimita la frontera entre Ceuta-Marruecos y Melilla-Marruecos, ni hablar... Mucho menos respecto a la delimitación del lugar en que se encuentran las vallas fronterizas. Si el Ministerio del Interior tiene tan claro que las vallas se encuentran en territorio marroquí, ¿cómo es posible que no sea capaz de concretar la norma jurídica que así lo refleja? ¿Acaso lo ignora? ¿O tiene miedo a reconocer que la farsa que viene manteniendo se puede venir abajo?

Por último, y respecto a las estadísticas, ¿resulta sensato denegar el acceso a estos datos en base a la consideración de que puede resultar “perjudicial a funciones administrativas de vigilancia, inspección y control”? ¿Cómo es posible que revelar la verdad pueda resultar perjudicial? ¿No será que esa “verdad” es algo relativa y distorsionada? ¿O directamente puede dejar en evidencia que lo que el Ministerio del Interior pretende considerar como devoluciones o rechazos en frontera son realmente lo que pretende negar a diestro y siniestro?: Que las devoluciones en caliente son la única y real transparencia que pretende ocultar el Ministerio del Interior.

Os seguiré contando…

(Para aquellos que estén interesados, os facilito las resoluciones de solicitud de acceso y contestación del Ministerio del Interior).


      

ALEJANDRO PEÑA PÉREZ
INFANTE & PEÑA ABOGADOS

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