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jueves, 5 de febrero de 2015
Muertes en el Tarajal: un año de impunidad.
Mañana viernes se cumple un año de la muerte de quince seres humanos en las costas del Tarajal, Ceuta, ante las acciones y omisiones por parte de la Guardia Civil como desencadenantes de dicha tragedia.

Un año; 12 meses; 365 días; 8.760 horas; 525.600 minutos; 31.536.000 segundos. Da igual cómo se exprese este tiempo, el calificativo es el mismo: todo un año de mísera impunidad. A pesar del transcurso de todo este tiempo, a día de hoy, todavía no existe responsabilidad alguna delimitada, ni sujetos responsables de lo ocurrido ese día. Pero, ¿qué tipo de responsabilidad cabría apreciar?


Podríamos referirnos a responsabilidad penal, la cual existe serias dudas de que pueda llegar, y sobre todo sobre quiénes pueda llegar: ¿agentes de la Guardia Civil? ¿Director? ¿Ministro del Interior? ¿Dónde están estos presuntos responsables penales después de un año de investigación y de espera? ¿Se conocen ya? ¿Han sido debidamente identificados? ¿Tienen cara, nombre, apellidos,…? Me temo que no. Ni los hay, ni los habrá.

Podría hablarse también de responsabilidad disciplinaria sobre estos mismos (ausentes) sujetos penalmente responsables. Debe imaginarse que además de por (presunto) delito, tendrán que responder por las infracciones disciplinarias derivadas de sus cargos, especialmente las relativas al “absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y la de “prevenir la comisión de actos delictivos”. (Ley Orgánica 2/1986).

Y como no, también hay que tener presente la pura responsabilidad política, que es aquella que si bien no viene impuesta ni respaldad por una norma jurídica, sí se deriva en cambio, de las simples consecuencias de haber actuado de manera incorrecta (hablamos aquí de actuaciones delictivas), de responder con el propio cargo cuando no lo exigen las normas, sino las reglas más esenciales de decencia y honestidad política.

Pues bien, a un año vista de un acciones sin precedentes en el fenómeno de las migraciones, y que en otro ámbito diferente ya hubiera tenido asegurados, posiblemente no responsables penales o responsables disciplinarios, pero si al menos, responsables políticos, nos encontramos ante un panorama de incógnitas en las que ni siquiera existe la más mínima señal de que haya habido responsabilidad moral por la muerte de quince seres humanos por actuaciones y omisiones fraudulentas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No existe cargo de conciencia. No existe la entonación de un mea culpa que cuestione, al menos, la forma de actuar o la omisión del deber de socorro de ese frio amanecer del 6 de febrero de 2014. No existe remordimiento moral por haber usado material antidisturbios contra personas indefensas o haber disparado con pelotas de goma a moribundos que luchaban entre la vida y la muerte ante la disyuntiva de esquivar estos proyectiles o seguir nadando para no ahogarse. No existe la vergüenza de ese paso al frente que debe dar un hombre que realmente es un verdadero hombre que diga: yo mate a un ser humano, permití que lo matase o simplemente no impedí que muriera ahogado. No existe el Derecho a la Justicia de los olvidados, de los sin-nombres, de sus familiares.

Desgraciadamente, y tras un año de la tragedia en la playa del Tarajal, no existe el Derecho, no existe la Justicia, ni peor aún, no existe la dignidad humana.

ALEJANDRO PEÑA PÉREZ
INFANTE & PEÑA ABOGADOS

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