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jueves, 23 de octubre de 2014
Devoluciones en caliente y reforma chapucera de la Ley de Extranjería.
Parece ser que ya se conoce el texto con el que el Gobierno prevé modificar la Ley de Extranjería para dar “cabida” a las devoluciones en caliente. Y digo parece, porque después de la actuación ilegal, delictiva y chapucera del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil en relación a estas devoluciones ilegales, el Gobierno pretende ir más allá en este círculo vicioso de trasgresiones jurídicas con una reforma manifiestamente contraria al Ordenamiento Jurídico.

En efecto, según rezaría la nueva Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería, bajo el título “Régimen especial de Ceuta y Melilla”, se establecería lo siguiente:


"Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

Este texto, exiguo, pero indecente jurídicamente, reúne todas las condiciones para ser considerado una aberración jurídica. Algo que no puede ser. Algo que es incompatible con el Derecho.

En primer lugar, y como ya expusiera en mi entrada de febrero de este año, “Devoluciones en caliente y reforma urgente de la Ley de Extranjería”, esta reforma resultaría claramente inconstitucional, al vulnerarse Derechos Fundamentales como serían el Derecho a la Tutela judicial efectiva (Art. 24.1), el Derecho de defensa o el Derecho a la asistencia letrada (Art. 24.2), cuyo reconocimiento resulta claro a la luz de consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Estos Derechos, juntos con otros de reconocimiento constitucional, como es el Derecho de Asilo (Art. 13.2), se unen a la vulneración del Artículo 10.2 de la Carta Magna, el cual obliga a España interpretar todos estos Derechos de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como otros tratados internacionales ratificados por España en materia de Derechos Humanos, entre los que destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En virtud de lo expuesto, los Derechos y garantías de los extranjeros citados anteriormente, se verían claramente cercenados con esta nueva Disposición Adicional, vulnerando por tanto la Constitución española, y en relación con ella, el Derecho Internacional del que España es parte en materia de Derechos Humanos.

En segundo lugar, y por lo que respecta al Derecho procedente de la Unión Europea, la nueva reforma iría en contra de la propia Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, reguladora de los procedimientos en los que un Estado pueda decidir sobre la expulsión de un extranjero, devolución incluida, y que reconoce igualmente y de forma imperativa el Principio de no Devolución (-non-refoulement-), el Derecho a la asistencia de un abogado, y en su caso, Derecho a un intérprete, la Obligación de dictar por escrito la orden de devolución, y el Derecho a recurrir cualquier resolución de devolución ante los tribunales.
 
En tercer lugar, sorprende el término utilizado por el Gobierno para integrar en la Ley de Extranjería las devoluciones en caliente, que no es otro que el de “rechazo en frontera”.

Al margen del eufemismo del concepto, que pretende evitar decir a las claras lo que realmente esconde, una vulneración continuada en el tiempo de la Ley de Extranjería desde hace años, resulta insólito que el Gobierno haga uso del término rechazo en frontera, por dos motivos fundamentales:

a) Cuando el texto de la reforma afirma que "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España", hace uso de una regulación ya contenida en la propia Ley de Extranjería.

En efecto, dispone su Artículo 58 b) que procederá la devolución cuando el extranjero que “pretenda(n) entrar ilegalmente en el país”.

La identidad de ambos supuestos, devolución y “rechazo en frontera” (esto es, devolución en caliente) demuestran por tanto, que lo que el Gobierno pretende es excluir deliberadamente de la legalidad vigente a esos extranjeros que padecen cada día las devoluciones ilegales, condenándolos a la negación más absoluta de Derechos y garantías básicos reconocidos por la Constitución, El Derecho Internacional y la Ley de Extranjería.

b) Más sorprendente aun es el hecho de que el término “rechazo en frontera” ya tiene uso dentro del Derecho de Extranjería. En efecto, este término hace referencia a aquellos supuestos en los que personado el extranjero ante un puesto fronterizo terrestre y solicitando la entrada, la autoridad competente considera que dicho extranjero no cumple con los requisitos exigidos por el Derecho de Extranjería. Como consecuencia de ello, se procede a denegar la entrada en España, y por tanto, su rechazo en frontera.

En conclusión, confundir, o intentar confundir, el término rechazo en frontera con lo que realmente está sucediendo, que no es otra cosa que flagrantes, ilegales y delictivas devoluciones en caliente, dejan en evidencia la falta de fundamentos jurídicos en la reforma pretendida por el Gobierno, que además resulta a todas luces inconstitucional y contraria a los Tratados y Convenios Internacionales de los que España es parte en materia de Derechos Humanos.

(Entrevista sobre el tema realizada en Es.Radio para el programa ‘En casa de Herrero’).



ALEJANDRO PEÑA PÉREZ
INFANTE & PEÑA ABOGADOS

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