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jueves, 12 de junio de 2014
Acción Penal y Disciplinaria contra agentes de la Guardia Civil por Devoluciones en caliente.
En mi artículo de la semana pasada sobre las nuevas Devoluciones en caliente realizadas por la policía marroquí (con la complicidad de la Guardia Civil) en el Islote de Perejil, lanzaba una reflexión al aire.

Me preguntaba si para acabar de una vez por todas con este tipo de actos indudablemente ilegales llevados a cabo en su mayoría por agentes de la guardia Civil, había llegado el momento de dejar de querer reclamar en las alturas por este tipo de actos. Planteaba que quizás fuese el momento de optar por medidas más drásticas (y a mi modo de ver más eficaces y eficientes) como sería el reclamar directamente a los agentes de la Guardia Civil que llevan a cabo la devolución en caliente la responsabilidad disciplinaria y penal que de sus propios actos se deriva.


A primera vista puede resultar algo drástico el plantear una denuncia penal y/o una denuncia por responsabilidad disciplinaria. Sí, puede ser alguien considere desproporcionadas este tipo de acciones. Pero si somos realmente objetivos creo que nadie se cuestiona hoy día que sea necesario esclarecer la responsabilidad penal que se esconde detrás de una presunta ‘Caja B’ del Partido Popular con la colaboración del Señor Bárcenas. O el escándalo de los EREs que tiene revuelta media Junta de Andalucía por la juez Alaya. Y qué decir del Caso Noos, Urdangarín y la Infanta Cristina; o de las condenas penales impuestas a los Mossos d'Esquadra acusado de inflingir torturas a detenidos (aunque luego hayan sido indultados por el Señor Gallardón).

En todos estos casos, nadie se cuestiona la obligación moral y jurídica de exigir responsabilidad penal a estos presuntos delincuentes. Nadie considera desproporcionadas las medidas de imputación, prisión provisional, o condenas (indultadas) que puedan recaer sobre estos personajes.

Ante esta realidad social, mi reflexión vuelve a ser la misma: ¿de verdad puede parecer desproporcionado exigir responsabilidad penal y/o disciplinaria a agentes de la autoridad que no respetan la Constitución o el Ordenamiento Jurídico? ¿De verdad resulta drástico querer erradicar a estas personas, que a sabiendas incumplen la Ley de Extranjería y cometen actos tipificados penalmente, de seguir perteneciendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

Según dispone el Artículo  104.1 de la Constitución Española, “Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

Este mandato constitucional viene corroborado por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando en su Artículo 5.1 a) exige como principio básico de actuación de todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Guardia Civil incluida, “Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Incluso el estatuto propio de la Guardia Civil, la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de Octubre, reguladora de los Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil, establece como deber ineludible todos sus agentes “respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, así como el de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

Las acciones penales y disciplinarias propuestas hoy van precisamente en este camino: depurar a aquellos agentes que deciden no acatar la Constitución, el Ordenamiento Jurídico y un Estatuto propio que le exigen precisamente eso, respetar los Derechos reconocidos en la Constitución y en el resto del Ordenamiento Jurídico a todo extranjero que está siendo víctima de una Devolución ilegal por parte de agentes que representan al Estado, y que en el ejercicio de sus funciones, deciden defraudar al propio Estado.

Deciden defraudarnos a todos.

Por todo lo dicho hasta el momento, y con el fin de poner mi pequeño granito de arena en erradicar de una vez por todas estas ilegales, ilegitimas y delictivas Devoluciones en caliente, adjunto al presente artículo denuncia penal y denuncia disciplinaria de libre uso para todos aquellos que hayan sido víctima o testigo de este tipo de Devoluciones, o para quienes teniendo conocimiento directo de estos hechos, y queriendo actuar de manera más contundente, carecen de las herramientas jurídicas adecuadas.

Ambas denuncias parten de unos fundamentos en Derecho contundentes, pero que evidentemente pueden ser ampliado y mejorados en todos aquellos aspectos que se consideren oportunos.

A veces una simple reflexión sirve de inspiración para ir un poco más allá. Para decir basta ya. Para querer frenar una hemorragia de Derechos Humanos en la Frontera Sur de España. Para pedir Justicia.
  
Espero que ambas denuncias sean de gran utilidad y eficacia.



ALEJANDRO PEÑA PÉREZ
INFANTE & PEÑA ABOGADOS

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