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jueves, 6 de marzo de 2014
Acción popular a 9.000 Euros: ¿justicia para todos?
9.000 Euros. Esta es la fianza impuesta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 6 de Ceuta para que las ONGs puedan ejercitar la acción popular (concretamente: la Coordinadora de Barrios y Migreurop, compuesta por CEAR, Andalucía Acoge, APDHA, SOS Racismo y Elín).

9.000 Euros, sí: 1.500 euros por barba… Y lo primero que me pasa por la cabeza es: ¿estamos locos o qué? ¿Cómo es posible que se pueda exigir a estas entidades sin ánimo de lucro 9.000 Euros para ejercitar la acusación popular? Desconozco los fundamentos jurídicos que ha podido esgrimir la jueza del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Ceuta para tomar esta decisión, pero evidentemente, no los comparto.


No entiendo que para poder ejercitar un Derecho reconocido por la Constitución española haya que pasar previamente por caja y desembolsar tan monstruosa cantidad ¿acaso la justicia no era gratuita es este país? ¿o cómo va esto? Por más que le doy vueltas al asunto no lo entiendo…

Lo primero que hay que tener en cuenta, como acabo de exponer, es que la acción popular viene reconocida como Derecho Constitucional en su Artículo 125, según el cual “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular […], en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine”.

Si acudimos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal), esta acción se regula expresamente en los Artículos 101 y 270. Según el primero de estos preceptos, “La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley”. Por otro lado, el Artículo 270 preceptúa que “Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley”.

Es cierto que la posibilidad de establecer fianza viene reconocida también en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (Artículo 280: “El particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal para responder de las resultas del juicio”), pero esta exigencia de fianza nunca puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia, ni mucho menos para ejercitar una acción pública. Este planteamiento, que resulta eminentemente lógico, no es de un servidor, sino que tiene amparo legal en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

En efecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial también recoge, regula y reconoce la acción popular de conformidad con el contenido constitucional expuesto. De entre su articulado, destaca expresamente el Artículo 20.3, según el cual, y ante la posibilidad de exigir fianza para poder ejercitar la acción popular, establece que “No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita”.

Teniendo en cuenta este último precepto, me reafirmo en mi idea de no compartir la decisión tomada por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Ceuta de exigir la cantidad de 9.000 Euros de fianza a las ONGs para poder ejercer la acción popular. ¿Cómo es posible (y entendible) que entidades sin ánimo de lucro puedan hacer frente a dicha cuantía? ¿Cómo se puede concebir que un órgano judicial coarte el acceso a la justicia, y por ende, el Derecho a la tutela judicial efectiva de esta manera?

Exigir 9.000 Euros a ONGs para poder ejercer la acción popular debe considerarse, según mi criterio, como un acto cuya inadecuación impide expresamente el ejercicio de la acción popular, según manifiesta el Artículo 20.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hay que recordar que si no se posibilita el ejercicio efectivo de la acción popular en esta causa, ¿qué queda? En primer lugar, la teórica figura de la acusación particular resulta inerte e inexistente en la muerte de estos 15 inmigrantes. ¿Quiénes actúan en nombre de las víctimas? ¿Se conocen sus familiares? ¿Han sido, incluso, identificadas?

Ante esta situación la pregunta vuelve a ser la misma ¿Qué queda? Soy de la opinión de que este tipo de causas penales no puede quedar a criterio único del Ministerio Fiscal por diferentes motivos. En primer lugar, porque después de todo lo ocurrido, resulta manifiestamente evidente que los interés de las víctimas (los 15 inmigrantes muertos) no son los mismos que los intereses defendidos por Ministerio Fiscal (aunque la teoría jurídica diga otra cosa). Segundo, por ser quienes son los posibles responsables penales, esto es, la Guardia Civil, resulta necesaria una acusación independiente, externa e interesada que vele por los verdaderos intereses de las víctimas y por esclarecer la verdad de todo lo ocurrido aquel fatídico día. Tercero, porque si existen evidencias demostradas de posible responsabilidad penal, resulta necesario una contraparte fuerte e indubitativa que exija el cumplimiento efectivo de dicha responsabilidad penal y de las consecuencias que la misma conlleve aparejada. Y en cuarto lugar, porque cuando tenemos a un Ministro del Interior que reclama la unidad nacional y el “sentido de Estado” ante una tragedia de estas magnitudes, en las cuales existen 15 víctimas mortales, sin ninguna responsabilidad política ni penal, y cierra filas de forma abrupta e irracional ante las negligencias cometidas por agentes de la autoridad el día 6 de febrero, precisamente por ello, resulta necesario e imprescindible la personación de esta acusación popular.

Según Sáez y López Fernández, se define al acusador popular “como aquel ciudadano que, ante la perpetración de una infracción penal, siente en su ser y su propia dignidad, aun sin haber sido víctima ni perjudicado por el delito, toda la conciencia de su responsabilidad cívica y comparece ante los Tribunales de la Justicia Penal en demanda de que se castigue al culpable”(1).

Las preguntas vuelven a surgir: ¿se encuentran dentro de esta definición las acciones legales llevadas a cabo por parte de la Coordinadora de Barrios y Migreurop? Indiscutiblemente, . ¿Se puede limitar esta definición de acusación popular bajo la evasiva legal de una fianza de 9.000 Euros? Mi respuesta resulta incuestionable: NO.

Por todos estos motivos, esos 9.000 Euros no pueden ser vistos jurídicamente, y desde mi punto de vista, como un requisito formal previsto y exigido expresamente por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino más bien como una traba en el acceso a la justicia y al Derecho a la tutela judicial efectiva de 15 seres humanos fallecidos el día 6 de febrero por negligencia (o anormal actuación) de cuerpos de seguridad del Estado español, que vulnera además de estos Derechos fundamentales, el contenido expreso del Artículo 20.3 de la Ley del Poder Judicial, cuando taxativamente sentencia que:

“No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita”.


ALEJANDRO PEÑA PÉREZ
INFANTE & PEÑA ABOGADOS

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