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jueves, 27 de marzo de 2014
Análisis crítico del nuevo Reglamento sobre los CIEs.
El día 15 de Marzo, se publicó en el BOE el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Su entrada en vigor no ha dejado indiferente a nadie, y muchos han sido los sectores que ya se han pronunciado respecto al contenido del mismo.

Estudiado el contenido de este nuevo Reglamento sobre los CIEs, al igual que la gran mayoría, no tengo otra opción que mostrar mi rechazo más absoluto por esta regulación de unos Centros de reclusión de extranjeros, que primero, no deberían de existir, y segundo, aprueba un Reglamento que ya nace viciado por la evidente y contrastada vulneración de los Derechos contenidos en esta nueva normativa.
viernes, 14 de marzo de 2014
Reagrupación Familiar: nociones básicas.
La Reagrupación Familiar es uno de los procedimientos más importantes para todo extranjero de los regulados en la Ley de Extranjería. Su finalidad fundamental es la de reconocer el Derecho a la Intimidad familiar y ejercer el Derecho a la vida en familia, permitiendo la obtención de la residencia legal en España de los familiares más cercanos y su posterior entrada para residir junto al reagrupante.

La regulación de la Reagrupación Familiar se encuentra en el Capítulo II de la Ley de Extranjería (Artículos 16-19 de la LO 4/2000) y también en el Capítulo II del Reglamente de Extranjería (Artículos 52-61 del RD 557/2011).

Partiendo de estos preceptos, los aspectos más importantes del procedimiento de Reagrupación Familiar son:
jueves, 6 de marzo de 2014
Acción popular a 9.000 Euros: ¿justicia para todos?
9.000 Euros. Esta es la fianza impuesta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 6 de Ceuta para que las ONGs puedan ejercitar la acción popular (concretamente: la Coordinadora de Barrios y Migreurop, compuesta por CEAR, Andalucía Acoge, APDHA, SOS Racismo y Elín).

9.000 Euros, sí: 1.500 euros por barba… Y lo primero que me pasa por la cabeza es: ¿estamos locos o qué? ¿Cómo es posible que se pueda exigir a estas entidades sin ánimo de lucro 9.000 Euros para ejercitar la acusación popular? Desconozco los fundamentos jurídicos que ha podido esgrimir la jueza del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Ceuta para tomar esta decisión, pero evidentemente, no los comparto.
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