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jueves, 11 de julio de 2013
La Libertad de prensa en Melilla: con la soga al cuello.













El pasado 9 de julio se dio un hecho insólito (o al menos poco apropiado) para los tiempos que corren. En pleno siglo XXI, dos periodistas, Blasco de Avellaneda, corresponsal de Periodismo Humano en Melilla, y Richard Mateos, de Radio Malva, fueron detenidos por la Guardia Civil e incomunicados durante 5 horas. Los motivos: una presunta resistencia a la autoridad y la presencia en una zona de seguridad del Estado.

Independientemente de los hechos sucedidos y las posibles medidas a tomar, el desenlace de los acontecimientos, sus consecuencias y las reacciones posteriores no son propios de un Estado democrático y de Derecho.

En un Estado democrático y de Derecho el primera arma que se utiliza en este tipo de encuentros debe ser el dialogo. Estamos hablando de dos periodistas en el desempeño de su trabajo, no de dos delincuentes que conspiran en contra de la patria y que pretenden el advenimiento de la nación. Se debe esperar, al menos, un mínimo de diálogo constructivo por parte de las autoridades con el fin de evitar situación incomodas y medidas desproporcionadas que se pueden ir de las manos y acabar mal (como de hecho sucedió).

En un Estado democrático y de Derecho, se debe asumir que la prensa (libre) tiene ante la sociedad cierta potestad de denuncia, de control y de fiscalización de cómo funciona el sistema, o de si el sistema básicamente no funciona. Evidentemente, el continuo goteo de inmigrantes que saltan las vallas fronterizas, que cruzan el Estrecho o que llegan a España por cualquier otro medio distinto a los previstos por la Ley de Extranjería, demuestran que este sistema en particular no funciona como debería, y es precisamente esa disfuncionalidad evidente y pusilánime la que la prensa debe poner (tiene la obligación de poner) de relieve.

Esta labor es precisamente la que defiende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la que define a la prensa como un "perro guardián". En efecto, partiendo del hecho de que el TEDH reconoce a la prensa un papel destacado en toda sociedad democrática, considera que “A la función de la prensa de difundir, se añade el derecho que tiene el público a ser informado. De lo contrario, la prensa no podría desempeñar su indispensable papel de "perro guardián" (Sentencia TEDH, 1 de junio de 2010, Asunto GUTIÉRREZ SUÁREZ c. ESPAÑA).

Es precisamente esta labor de perro guardián la que permite concienciar a la sociedad de que son necesarios cambios en esta estructura enferma y podrida: el drama de la inmigración irregular, la trata de blancas, la explotación sexual, la violencia de género, la corrupción política, los excesos de la banca,… Esta labor de altavoz público, desde que el mundo es mundo, está encomendada a la prensa libre (de la cual es necesario matizar que no existe muchos exponentes).

No se puede coartar a un periodista para que muestre imágenes de inmigrantes saltando la valla fronteriza en Ceuta o Melilla. No se puede limitar el Derecho de Información cuando existen actuaciones inapropiadas (por decirlo suavemente) contra inmigrantes a uno y otro lado de la frontera. No se puede acusar ni responsabilizar a la prensa, ONGs de conocer y/o promover la inmigración irregular sin pruebas fehacientes de que ello es así. Pero además, no se puede concebir (razonablemente) que un Sindicato Unificado de Policía (SUP de Melilla) se dedique a realizar acusaciones desafortunadas e infundadas vía Twitter contra.

En un Estado democrático y de Derecho todos los ciudadanos, pero especialmente la prensa, tienen reconocido como Derecho Fundamental o Derecho Humano la Libertad de Expresión y la Libertad de Información y Comunicación, sin más límites que los estrictamente necesarios y razonables. Frente a estos límites, la prensa debe tener un margen de maniobra apropiado al fin legítimo que tiene encomendado, y por tanto los controles se extralimitan, bajo mi punto de vista, cuando se detienen, incomunican y denuncia a dos periodista por el ejercicio de su profesión. En palabras del TEDH, «la "necesidad" de cualquier tipo de restricción al ejercicio de la libertad de expresión debe quedar acreditada de forma convincente»

Esta acreditación de forma fehaciente en el presente caso brilla por su ausencia.

Vuelvo a reiterar que no se puede confundir a un periodista con un delincuente, y por tanto las consecuencias nunca deben ir más allá de lo que marca la lógica y la razón. ¿Qué se han introducido en una zona de seguridad para la cual no tiene autorización? Existen medios para comunicarlo sin que sea necesaria una detención e incomunicación por un periodo de 5 horas.

Y por último, en un Estado democrático y de Derecho, se respeta la libertad de prensa con todas sus consecuencias y por muy incómoda que pueda resultar a la autoridad (política, policial o militar) de turno. Se respeta el Derecho a informar y a ser informado. Se respeta la condición de interés general que una noticia (escrita o gráfica) puede representar para la sociedad. En este caso, las condiciones inhumanas que una parte de los inmigrantes tiene que asumir para entrar en territorio español. Este tipo de noticias merecen el mismo respeto y la misma cobertura que los paseos en yate de la Casa Real por Menorca; o que las idas y venidas a la Audiencia Nacional de Bárcenas y compañía.

Cuando estos mínimos no se respetan, se está vulnerando el Derecho de la prensa a la Libertad de Expresión e Información. En resumidas cuentas, esto es lo que realmente sucedió el pasado día 9 de julio en Melilla: una flagrante y desproporcionada limitación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información de la prensa libre.  

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