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viernes, 19 de julio de 2013
Derecho de Extranjería: cuestión de interpretación.



















Como todo en la vida, el Derecho, en general, tiene muchas interpretaciones. El Derecho de Extranjería, en particular, tiene un estatus especial es esa interpretabilidad de la norma jurídica en tanto en cuanto trata sobre los Derechos y Libertades de los extranjeros en España: Derecho a residir; Derecho a trabajar; Derecho a la sanidad; Derecho a la reagrupación familiar; Derecho a no ser expulsado; etc…

Todos ellos, y más, conforman el conjunto de Derechos reconocidos a todo extranjero que se encuentra en España. Unos reconocidos para todos los extranjeros por el sencillo hecho de ser seres humanos. Otros, única y exclusivamente reconocidos para aquellos que son residentes legales.  Según la propia Ley de Extranjería (Artículo 3), el Derecho de Extranjería se debe interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como del resto de convenios y tratados internacionales en los que España sea parte y relacionados con la materia (Derechos Humanos y migraciones, se supone). Pero ¿realmente ello es así? ¿De verdad el Derecho de Extranjería recibe una interpretación tan laxa y flexible a los intereses y Derechos de los extranjeros?

Según mi opinión, ello no es así.

La interpretación que del Derecho de Extranjería se realiza influye directamente en la situación en la que un extranjero se puede encontrar en España. En unos casos, esa interpretación de la norma conforme dispone el Artículo 3 de la Ley de Extranjería, debería conllevar el reconocimiento o no de una serie de Derechos básicos por su condición de Derechos Humanos, reconocidos a toda persona por el simple hecho de ser precisamente persona. El caso más evidente de una interpretación restrictiva, y contraria al propio Artículo 3 de la Ley de Extranjería, fue la reforma introducida por la LO 8/2000, mediante la cual se vino a cercenar una serie de Derechos Humanos (Derechos de reunión, asociación, sindicación, huelga, educación y asistencia jurídica gratuita) a los extranjeros en situación administrativa irregular. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional por medio de varias Sentencias (destaca sobre todas la Sentencia 236/2007), vino a anular esta parte de la LO 8/2000, reconociendo estos Derechos Humanos a favor de todos los extranjeros, sin distinción entre residentes legales y extranjeros en situación irregular.

Otra prueba de que el Derecho de Extranjería no se interpreta como debería, viene demostrado por la conocida reforma sanitaria, la cual ha dejado sin cobertura y atención sanitaria a los extranjeros que se encuentren en situación irregular en España. Esta reforma, como ya se expuso en otro artículo de este blog, atenta claramente contra el Derechos a la vida y el Derecho a la integridad física, Derechos Humanos por antonomasia. A pesar de que actualmente la reforma sanitaria se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional, su aplicación deja al margen  de la legitima legalidad a cientos de miles de extranjeros (todo ello al margen de que algunas Comunidades Autónomas están desobedeciendo total o parcialmente esta restricción de Derechos y otorgando atención sanitaria a los extranjeros en situación irregular).

Más pruebas de la inadecuada interpretación del Derecho de Extranjería, los expedientes de expulsión. A pesar de que la propia Ley de Extranjería reduce la sanción de expulsión a supuestos de cierta gravedad cuando un extranjero se encuentra en situación irregular en España, debiendo de prevalecer la multa en estos casos, la Administración de manera mayoritaria sigue imponiendo la expulsión como sanción tipo. Con una interpretación de la Ley de Extranjería contraria a la propia Ley de Extranjería (paradójico…), y a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de las diferentes CC.AA., se continua y se perpetua una práctica administrativa corregida sin cesar por los tribunales, dando lugar, sin embargo, a situaciones en las que no cabe marcha atrás y el extranjero es finalmente expulsado, a pesar de su disconformidad a Derecho.

Pero sin duda alguna, una de las interpretaciones más sesgadas que se realiza en Derecho de Extranjería es la relativa al reconocimiento y mantenimiento del Derecho a residir legalmente en España. En unos casos, la aplicación de la norma provoca que muchos extranjeros no puedan acceder a la residencia legal. Esa interpretación restrictiva de la norma hace que procedimientos básicos, como el Arraigo Social, tengan cada vez más trabas en relación, por ejemplo, a la demostración de la permanencia en España o  en el lugar en el que pretende presentar el procedimiento, pero sobre todo, por lo que respecta a la demostración de solvencia de las empresas y empleadores que pretenden contratar a estos extranjeros en trámites de regularizar su situación administrativa. Y que decir sobre los cada vez más exigentes requisitos de estabilidad laboral y medios económicos suficientes para la regularización de hijos menores de edad que se encuentran ya en España, o para el propio procedimiento de Arraigo Social sin contrato de trabajo. Tampoco se escapa de este tipo de interpretación el régimen comunitario, exigiéndose desde hace casi un año (bajo amparo normativo) la existencia de medios económicos para que el cónyuge o pareja de hecho de un ciudadano español pueda obtener su Tarjeta de Residencia como Familia de Ciudadano de la Unión.

Los supuestos son variados, pero la conclusión es la misma: el acceso a la residencia legal está cada vez más encorsetado, lo cual no ayuda en nada a la plena integración de los extranjeros en España.

Idéntica fórmula la encontramos en los trámites de renovación de aquellos extranjeros que ya son residentes legales. La crisis económica está provocando que muchos extranjeros, que han  pasado años trabajando en España, se encuentren con la pérdida del estatus de residente legal debido a su situación de desempleo. El paro está forzando a que muchos extranjeros no cumplan con los requisitos marcados por el Derecho de Extranjería para poder renovar su Autorización. Esta situación arrastra también a aquellos extranjeros (familiares generalmente) que dependen económicamente de los primeros y a los que se encuentran vinculados a nivel de residencia legal. Estamos hablando, por tanto, de una irregularidad administrativa en cadena que puede afectar a familias enteras.

Sin embargo, ante esta situación de crisis económica y humanitaria, la Administración no ha sabido reaccionar, previendo una interpretación más laxa y flexible del Derecho de Extranjería que reconozca la excepcional situación que viene afectando a extranjeros de manera individual o a familias enteras. Esta interpretación de la norma, más cercana a la realidad social y vinculada con una interpretación acorde a los Derechos Humanos, permitiría la reducción de esa irregularidad sobrevenida en constante crecimiento, pero sobretodo, de ese paso atrás en la des-integración social que se acentúa cada vez más.

No obstante, y a pesar de que existen interpretaciones individuales dentro de las distintas Oficinas de Extranjería esparcidas por el territorio nacional (no hay que olvidar que al fin y al cabo quien asimila, interpreta y aplica la norma es una persona de carne y  hueso, no un ente público e impersonal), se ha echado en falta una interpretación conjunta y al unísono del Derecho de Extranjería ante esta situación excepcional. Esas directrices en forma de Instrucción procedentes de Madrid (antes Dirección General de Inmigración, ahora Dirección General de Migraciones), tan proclives y habituales para otro tipo de situaciones, brillan por su ausencia con una respuesta global y acorde a los Derechos Humanos ante una situación de crisis económica y humanitaria que se lleva cebando con los extranjeros desde hace bastante tiempo.

Por todo ello, y ante la ausencia de una Administración pública cercana y consciente de la realidad humana que vienen los extranjeros que se encuentran en España, únicamente cabe confiar en esa persona humana que hay detrás de toda Administración, de toda Oficina de Extranjería. A veces esa persona, consciente del mundo que le rodea, puede ser más eficaz y eficiente en esa interpretación humana y humanitaria del Derecho de Extranjería que la propia Administración pública a la que representa, y que se demanda a boca llena por quienes trabajamos en el ámbito de las migraciones: Una interpretación del Derecho de Extranjería acorde a criterios de justicia. Una Justicia Social tan necesaria en los tiempos que vivimos.

Al fin y al cabo, todo se reduce a la conclusión que una vez compartió conmigo un buen amigo:
“A la hora de interpretar y aplicar el Derecho de Extranjería existen dos tipos de personas –léase funcionarios-: aquellos para quienes cuando no queda más remedio, deniegan el procedimiento; y aquellos otros, para quienes cuando no queda más remedio, lo conceden”.

Simple y llanamente eso. Dos caras de una misma moneda.

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