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jueves, 6 de junio de 2013
CIEs en España: Al margen de los Derechos Humanos.














Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) son para muchos (incluido un servidor) una de las figuras más controvertidas que contiene las Leyes de Extranjería en Europa. Por lo que respecta a España, este pensamiento no es una excepción.

Partiendo de la premisa básica de que uso estas líneas para la denuncia de una institución indigna e incompatible con el ser humano migrante, mi concepción del CIE quedó plasmada hace unas semanas en el artículo ‘Políticas migratorias: Análisis crítico de la Ley de Extranjería’. En él definía el CIE como un centro de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte (según denuncian y documentan instituciones tanto privadas como públicas).

Esta es la definición que, según mi experiencia y la de estas instituciones públicas y privadas, se adecúa más a lo que realmente es un CIE. Evidentemente no es la concepción del CIE que nos da la Ley de Extranjería, pero la realidad, como en otros tantos ámbitos de la vida, supera con creces a la teoría. La Ley dice una cosa. Los hechos, denuncias, la realidad, dicen otra.

Pero, ¿qué es realmente un Centro de Internamiento de Extranjeros?  Resumiendo brevemente, según dispone la Ley de Extranjería, el CIE es un recinto de carácter no penitenciario en el cual se puede internar a un extranjero, previa autorización judicial, que se encuentra en proceso de ser expulsado o sobre el cual consta ya un expediente de expulsión decretado (para conocer más, puedes visitar los artículos: ‘Expediente de Expulsión por estancia irregular: conceptos básicos (I)’ y Expediente de Expulsión por estancia irregular: consejos legales (II)’). La propia Ley de Extranjería prevé una serie de Derechos y obligaciones en relación a los “internos”.

Pero, ¿realmente es así? En absoluto, para comprender verdaderamente la realidad de los CIEs uno no se puede quedar en la teoría legal, la cual resulta totalmente superficial y contraria a lo que cada día ocurre de manera extendida en la gran mayoría de los CIEs de España. Por todos estos, resulta muy útil y visual exponer la verdadera realidad de los CIEs de forma comparativa con las previsiones legales (las cuales quedan totalmente en evidencia), partiendo de mi propia experiencia, pero sobre todo, de las constantes denuncia que entidades vinculadas con el mundo de las migraciones no se cansan de evidenciar (1):

1.  Según la Ley de Extranjería los CIEs son “establecimientos públicos de carácter no penitenciario”.

FALSO. La realidad demuestra que este primer axioma, de entrada, no se cumple. El ambiente carcelario resulta innegable. Partiendo de que existen CIEs que están asentados en los que anteriormente fueron antiguos centros penitenciarios, en todos los CIEs la estructura coincide: existen celdas, no habitaciones; el inmigrante está recluido y confinado; baños y aseos fuera de las celdas; la dirección y gestión se realiza por funcionariado policial; las condiciones impuestas son de carácter penitenciario; existen celdas de aislamiento o castigo; existe un control absoluto sobre la persona; el trato otorgado es el propio de un recluso.

2.  En los CIEs se salvaguardan “los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria”.

FALSO. En los CIEs, además de la libertad ambulatoria (esto es, el encarcelar a una persona sin permitirle que pueda moverse libremente), se vulneran prácticamente todos los Derechos (Humanos y Fundamentales) reconocidos por el Ordenamiento Jurídico, como se verá a continuación.

3.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a ser informado de su situación”.

FALSO. Una de las mayores denuncias que las entidades independientes recogen es la falta de información sobre la situación en la que se encuentra el extranjero recluido. Desconoce su situación dentro del CIE. Desconoce qué motivo lo ha llevado a estar encarcelado. Desconoce a quién dirigirse dentro del CIE. Desconoce cuáles son sus Derechos. Desconoce quién es su abogado. Desconoce con certeza el tiempo exacto que permanecerá recluido. Desconoce cuál será su  destino final: ¿será expulsado o puesto finalmente en libertad? Esta situación de desinformación suele provocar desorientación y situaciones de agobio y angustia.

4.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que sea preservada su dignidad y su intimidad”.

FALSO. La mayoría de denuncias existentes por vulneración en los CIEs tiene que ver con la violación continuada e ininterrumpida de estos Derechos. Las muertes de Samba Martine en diciembre de 2011 el CIE de Aluche y de Ibrahim Sissé en enero de 2012 el CIE de Barcelona son prueba de ello. A estas muertes hay que sumar las de Jonathan Sizalima en 2008 y Mohamed Abagui en 2010. Ambas en el CIE de Barcelona.

En el caso concreto de Samba, la muerte se produjo después de diez visitas a los servicios sanitarios del CIE, en las cuales no recibió la atención médica que cabría esperarse. Únicamente se prestó servicios de traducción en una de las visitas, a pesar de que Samba no entendía correctamente el castellano. A la vista de los hechos, ¿cómo puede decirse que se respetan la vida, la integridad física y la salud de los extranjeros recluidos en un CIE, cuando la muerte de una persona viene provocada por una deficiente atención sanitaria?

Y los casos en los que se denuncian malos tratos de palabra y de obra, tratos intimidatorios y degradantes, agresiones, violaciones sexuales, vejaciones, humillaciones,… tampoco son escasos. En la mayoría de estos supuestos, perpetrados por funcionarios de la policía, existe además el agravante de que las víctimas no siempre pueden o no quieren identificar a sus agresores por miedo a represalias. En unos casos se dificulta las investigaciones de estos abusos de autoridad, y en otros muchos, las víctimas son expulsadas de manera urgente, lo que provoca la finalización prematura de cualquier investigación que puede aclarar los hechos y la posible responsabilidad de sus autores.

La ausencia de cámaras de vigilancia ahonda más en esta situación de impunidad que parece campar a sus anchas por los CIEs en España.

Otro comportamiento que vulnera la dignidad de la persona es la ausencia del Derecho a conocer el día y el momento en el que el extranjero va a ser expulsado. A pesar de que algunos jueces empiezan a limitar esta vulneración de Derechos, este tipo de actuaciones no es la norma común a la hora de ejecutar la expulsión. Estas expulsiones sin previo aviso, además de vulnerar el Derecho a la intimidad y la dignidad del extranjero, acarrean una situación de permanente ansiedad, angustia y agobio que no cesa durante todo el periodo de reclusión en el CIE.

5.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a que se facilite el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las derivadas de su situación de internamiento”.

FALSO. Por lo expuesto hasta el momento, y lo que se seguirá exponiendo, se concluye claramente que esta premisa tampoco se cumple. Vuelvo a recodar que en esta situación de reclusión cuasi-delictiva, por una mera sanción administrativa, no es compatible con las limitaciones impuestas en la realidad.

6.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro”.

FALSO. Además de las muertes referidas, la “asistencia médica y sanitaria adecuada” brilla por su ausencia. Se han documentado deficiencias en la atención sanitaria, así como la insuficiencia de la misma. Además de encontrarse la gestión sanitaria, por regla general, en manos de entidades privadas, existe únicamente una atención médica general, sin que exista atención de especialistas varios, como por ejemplo, odontología, ginecología o atención psicológica y psiquiátrica.

No se puede negar el impacto, no solo en la salud física, sino también en la psicológica, que sufren los extranjeros recluidos en un CIE en las condiciones descritas. En concreto, la reclusión en un CIE, además de los síntomas físicos (dolores de cabeza, problemas osteomusculares, dolores de estómago o problemas dermatológicos), provoca síntomas psicológicos y emocionales como son, según detalla la plataforma CIES NO en su Informe, “insomnio, tensión extrema y estrés, tristeza profunda y ganas de llorar, dificultades de adaptarse a la situación, pensamientos irracionales, rumiaciones y angustia por las condiciones del encierro y por la posibilidad de la expulsión”. Igualmente “sensación de indefensión cognitiva” o “estado de alerta permanente” ante la incertidumbre del momento de la expulsión.

Se reclama incluso cierta privacidad en la atención sanitaria e independencia por parte del personal médico respecto a la dirección del CIE.

Por su parte, la atención social es prácticamente inexistente. A pesar de ser un Derecho reconocido en la Ley de Extranjería, en CIEs como el de Valencia, se niega este Derecho bajo el argumento de falta de presupuesto. Inaceptable.

7.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a que se comunique inmediatamente a la persona que designe en España y a su abogado el ingreso en el centro” y a “ser asistido de abogado, que se proporcionará de oficio en su caso, y a comunicarse reservadamente con el mismo, incluso fuera del horario general del centro, cuando la urgencia del caso lo justifique”.

FALSO. Existen graves problemas de indefensión por lo que respecta al Derecho a comunicarse y relacionarse con el abogado. A veces se desconoce la identidad del abogado o como comunicarse con él. Otras no se posibilita el entregarle copia de documentación que se considere necesaria o relevante. Incluso, por experiencia propia, he sufrido los problemas en el acceso de un notario para la realización de un poder general para pleitos, de vital importancia si se quiere recurrir la expulsión en sede judicial.

Ante estas situaciones, el extranjero queda abandonado a su suerte, resultando el Derecho a la Tutela judicial efectiva vacío de contenido.

8.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a comunicarse en el horario establecido en el centro, con sus familiares, funcionarios consulares de su país u otras personas, que sólo podrán restringirse por resolución judicial”.

FALSO. Las posibilidades y horarios de comunicación con el exterior son claramente insuficientes si tenemos en cuenta una vez más que el extranjero recluido de libertad (y de otros muchos Derechos) se encuentra en esa situación por una mera sanción administrativa.

Una vez recluido el extranjero, se le priva de su teléfono móvil, lo cual imposibilita claramente la comunicación con el exterior. A ello hay que sumar las restricciones y controles en el acceso a la agenda personal del teléfono, o las limitaciones en horario, acceso y suficiencia en las cabinas que existen en el CIE, muy pocas en relación al número de personas encerradas.

Por lo que respecta al régimen de visitas, se ha constado en muchos casos las dificultades existentes para llevarlos a cabo: periodos de escasa duración (en Barcelona, por ejemplo, es de 30 minutos una vez a la semana); retrasos en la entrada, sin compensación de tiempo; supresión del régimen de visitas; o cambios de horarios. Todo ello sin previo aviso, tanto para los extranjeros recluidos y para los visitantes.

La vulneración de este Derecho a poder comunicarse, se deja notar en el hecho de que se suele impedir en contacto físico entre las personas. Los familiares no se puedes besar. No se pueden tocar. No se pueden abrazar. Los hijos no pueden tener un mínimo contacto con sus padres y madres, lo cual resulta cruel e inhumano. ¿Dónde queda el respecto de todos los demás Derechos? ¿De los Derechos Humanos? ¿Dónde queda el bien superior del menor?

A ello hay que unir las limitaciones provocadas por la propia dirección y gestión de los CIEs, en manos de la policía, lo cual conlleva que amistades y familiares que se encuentren en situación irregular no puede acudir a realizar visitas por miedo a que se les puede iniciar un expediente de expulsión y sufrir en sus propias carnes el horror de ser encerrados en un CIE.

9.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a ser asistido de intérprete si no comprende o no habla castellano”.

FALSO. La muerte de Samba tras diez atenciones sanitarias en las que solamente una fue asistida por traductor demuestra que este Derecho tampoco se respecta.
A nivel personal, me constan impedimentos por parte del notario a realizar poder general para pleitos por no existir traductor que explicase al extranjero lo que iba a firmar (CIE de Aluche, Madrid).

10.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a tener en su compañía a sus hijos menores, siempre que […] existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar”.

FALSO. Si resultan cuestionables los CIEs como centros decentes y adecuados en el que puede estar encerrada una persona adulta, mucho menos puede concebirse que un menor se pueda encontrar dentro de las cuatro paredes de estas cárceles.

Hay que dejar constancia de que la práctica totalidad de los CIEs destacan por la precariedad de sus instalaciones y por el descuido de las mismas, impropias tanto para adultos como para menores de edad.

11. Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes”.

FALSO. La redacción de este precepto, así como el contacto del extranjero recluido con este tipo de organizaciones resulta algo engañosa, ya que se prevé como Derecho del extranjero, y no como facultad de este tipo de organizaciones pro inmigrantes y de Derechos Humanos.

Si ya resulta complicada la comunicación externa con familiares, amigos o su abogado, uno se puede imaginar la complicación que debe suponer el contacto con estas entidades. Incluso la labor de estas ONGs se encuentra muy controlada y limitada. Pero no solo ONGs. Resulta absurdo, inadmisible e irracional el hecho de que hace poco se denegara la entrada en el CIE Barranco Seco, Gran Canaria, a una comisión de jueces y fiscales que pretendían visitar el centro.

A veces uno se pregunta que tendrán que ocultar…

No obstante, es necesario reivindicar y resaltar la importantísima labor que día a día realizan estas organizaciones denunciando, asesorando  y apoyando a nivel social y anímico. Sin ellas, los CIEs serían un agujero negro al margen de los Derechos Humanos mayor de lo que hoy día son.
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Pero además de la vulneración metódica de estos Derechos, aún hay más: se denuncia mala y escasa alimentación; imposibilidad de acceder a los baños durante la noche (situados fuera de las celdas); escasa y deficientes medidas de higiene; duchas con agua helada o hirviendo, sin término medio; problemas de custodia de enseres personales; etc…

Esta realidad innegable deja constancia, sin ningún ápice de dudas, de lo que es realmente un CIE en España y su disconformidad con el Ordenamiento Jurídico. No obstante, y por si acaso existe alguna indecisión al respecto, y alguien puede considerar que existe falta de imparcialidad en estas denuncias, es necesario recordar que todas estas violaciones de Derechos Humanos no se desprende únicamente de un servidor que se apoya en su experiencia personal y en los contundentes Informes de entidades con una experiencia de campo mayor que la mía.

Al contrario, entre instituciones de reconocido prestigio, la Oficina del Defensor del Pueblo, en un pronunciamiento bajo el título “Criterios Generales de la Institución con relación a los Centros de Internamiento (CIES)”, denuncia, entre otros, los siguientes extremos:

a) Priorización de las medidas de seguridad y control policial sobre las condiciones de vida y Derechos de los extranjeros recluidos en los CIEs.

b) Modelo inadecuado de los CIEs, basado en la custodia directa por parte del Cuerpo Nacional de Policía, labor que debería ser realizada por personal especializado en intervención social.

c) Ausencia de mecanismos efectivos de control de la actuación policial dentro del CIE (ausencia de correcta identificación; carencia y limitaciones del sistema de video vigilancia).

d) Ausencia generalizada de servicios de asistencia social, a pesar de ser un imperativo legal.

e) Sobrepoblación de algunos CIEs, lo cual deja en evidencia las carencias y deficiencias estructurales.

f) Ausencia de módulos adecuados de convivencia familiar.

g) Inadecuación de los funcionarios policiales para el desempeño de labores que van más allá de la custodia de personas privadas de libertad.

Además del Defensor del Pueblo, la divulgación reciente del “Informe al gobierno español sobre la visita a España realizada por el Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes”, publicado el día 30 de Abril de 2013, recalca las siguientes conclusiones:

a) Sobre los CIEs de Aluche, Madrid y Zona Francia, Barcelona, el Comité considera que “el aspecto y la estructura de ambos centros eran más bien los típicos de un ambiente carcelario, con rejas en las ventanas, en los corredores y las celdas. El ambiente seudo-carcelario, además, era acentuado por el régimen restrictivo y las restricciones en los contactos permitidos con el exterior”.

b) Respecto a denuncias por malos tratos, el Comité afirma respecto a hechos ocurridos en el CIE de Barcelona que “las lesiones habían sido declaradas coherentes con las acusaciones de malos tratos”; y por agresiones denunciadas en el CIE de Aluche, que “tal y como pudo comprobar el médico del centro, eran coherentes con las denuncias”.

Acaba concluyendo respecto a la pasividad de las autoridades españolas que la “ausencia de toda investigación constituye una falta de cooperación con el CPT, así como una potencial violación de las garantías de procedimiento derivadas del art. 3 del Convenio Europeo sobre Derecho Humanos”.

c) En relación al trato degradante hacia los internos, el Comité afirma que “desaprueba también las prácticas seguidas en los dos establecimientos visitados de llamar a los detenidos por su número de detención. Muchos de los detenidos entrevistados la consideraban una práctica humillante y degradante”.

d) El Comité exige que se “revisen la provisión de comida”, se “aseguren que los internos cuenten con suficientes productos para mantener su higiene personal así como la de las celdas en las que se encuentran” y que se “garanticen a los internos el acceso a baños y aseos limpios en cualquier momento, incluidas las noches”.

e) En relación a la atención sanitaria “recomienda elevar la presencia del personal de enfermería” y adoptar medidas para “asegurar que los internos tengan acceso, en su caso, a dentista y ginecólogo” y “la adopción de medidas para garantizar asistencia psicológica y psiquiátrica para las personas retenidas en los CIE”.

f) Por lo que respecta a las escasas posibilidades de tener contacto con el exterior, y considerando que “la regla general debería ser que los extranjeros puedan recibir visitas en régimen abierto, limitándose las visitas cerradas a través de un cristal a casos excepcionales y debidamente justificados”, reprocha que en estos CIEs la regla general sea el régimen cerrado.

Considera el Comité que “para los extranjeros que tenían niños, que eran una parte considerable de la población del centro, la limitación del contacto físico no solamente es muy difícil para él, sino que podría afectar mucho más negativamente a los propios menores; en este contexto, el CPT recuerda que debería tomarse en consideración el interés superior del niño”.

Después de todo el repertorio de denuncias expuestos y documentadas por todo tipo de instituciones públicas o privadas, la definición del CIE que se aportó en el comienzo cobre mayor peso. Y debe ser reiterada: un CIE es un centro de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte.

Ante esta definición, solamente cabe realizarse una única pregunta posible: ¿de verdad existe alguien que crea realmente que los CIEs deben seguir existiendo?
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(1)Entre todas estas denuncias públicas, cabe destacar los recientes informes realizados por Pueblos Unidos (‘Encerrados tras las rejas. Informe 2012sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España’, Abril 2013) y por la plataforma CIE NO (‘¿Cuáles el delito? Informe de la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros: Caso Zapadores’, Marzo 2103), los cuales han sido muy elocuentes y desgarradores. Recomiendo la lectura de ambos informes, así como el de cualquier otro que denuncie la vergonzosa realidad que ocurre en  los CIEs de toda España.

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