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viernes, 24 de mayo de 2013


















El Derecho de Extranjería es quizás una de las ramas del Derecho que más politizada se encuentra, por no decir la que más sufre esta situación. Hoy día hablar de Derecho de Extranjería es hablar de reforma tras reforma, no en vano, la actual Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su Integración Social) acumula 6 modificaciones en tan solo 13 años de vigencia.

Esta situación se explica fácilmente si tenemos en cuenta que el gobierno de turno que nos dirige en cada momento tiene una concepción del fenómeno de la inmigración a cada cual más dispar. En estos últimos años de crisis, sea cual sea el color de dicho gobierno (rojo o azul), la modificaciones se han sucedido restringiendo cada vez más los pocos Derechos de los que son (o deberían ser) titulares los inmigrantes que se encuentra en España.
Un ejemplo de ello es la última reforma llevada a cabo mediante la Ley Orgánica 2/2009, que amparándose en concebir la inmigración como “una realidad que está en constante cambio”, se excusó en dicha modificación normativa para imponer una Ley de Extranjería supeditada al mercado de trabajo, entendiéndose los flujos migratorios única y exclusivamente como mano de obra.

Esta mercantilización del Derecho de Extranjería, de las políticas migratorias es sí, quedó patente con esta reforma, y se ha agravado más aun en plena crisis económica y humanitaria. Tenemos una Ley de Extranjería supeditada y esclava de los mercados (por cierto, tan de moda). Una Ley de Extranjería mercenaria. Como dijo una vez un sabio: Necesitábamos trabajadores, pero llegaron seres humanos.

Y a pesar de que existan voces que pregonan las bondades de la Ley de Extranjería de este país, estas bondades son escasas e insuficientes. Hay incluso quien ve en los defectos de Leyes de Extranjería de otros países virtudes de nuestro Derecho de Extranjería, pero no nos dejemos engañar: En España, la Ley de Extranjería atesora más defectos que virtudes, y con un mínimo análisis crítico de esta norma saltan a la luz las deficiencias acumuladas año tras año de una concepción errónea sobre el fenómeno de las migraciones que no consigue dar respuesta a una realidad visible y necesaria.

Pero además, estas deficiencias se pueden enumerar fácilmente:

1º.- Tenemos una Ley de Extranjería que exalta como objetivo primordial la plena integración de los inmigrantes, pero sin embargo y desde hace años se viene reduciendo las partidas presupuestarias destinadas al Fondo de Integración para Inmigrantes. De los 200 millones de euros para implementar la plena integración de los inmigrantes en 2008 y 2009, se redujo en 70 millones en 2010, y en 66,6 millones de euros en 2011; hasta su eliminación en 2012.

Esta reducción drástica de recursos materiales influye directamente en la disposición efectiva de recursos humanos relacionados e implicados directamente con la integración de inmigrantes. Es precisamente la desaparición de estos recursos humanos, de estos agentes sociales, lo que más se está dejando sentir en plena crisis.

2º.- Tenemos una Ley de Extranjería que establece que la interpretación de sus preceptos se realizará de conformidad con el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUHD), así como con el resto de Tratados y Convenciones Internacionales relacionados con la materia y de los que España sea parte.

Muestras evidentes que indican lo contrario son, por ejemplo, la restricción del Derecho a la Libertad de Circulación y Residencia que preceptúa el Artículo 13 de la DUDH; o las limitaciones para poder ejercer el Derecho a Trabajar, que en otros países no se acercan ni por asomo a nuestra regulación; y que decir del Derecho a la Asistencia Sanitaria de los inmigrantes en situación irregular, cuya reforma sanitaria vulnera flagrantemente el Derecho a la Vida y a la integridad física, que además de ir en contra de la DUDH debe ser considerada como de abandono humanitario, y según mi punto de vista, manifiestamente inconstitucional.

3º.- Tenemos una Ley de Extranjería que interpreta y regula de forma parcial y sesgada el Derecho a la Vida en Familia, reconocido únicamente a los extranjeros residentes legales y con ciertas limitaciones (en especial por lo que respecta a las posibilidades de reagrupación familiar de los ascendientes).

4º.- Tenemos una Ley de Extranjería que imposibilita la regularización del inmigrante que se encuentra en España de manera irregular, salvo las excepciones contempladas para los supuestos de arraigo, circunstancias excepcionales y razones humanitarias. El modelo existente, por tanto, lo que provoca es la irregularidad y una clandestinidad sistemática, que en la mayoría de los casos se eternizan durante años.

5º.- Tenemos una Ley de Extranjería que impide el acceso a la residencia legal a inmigrantes con condenas penales cumplidas, pero no canceladas. Este criterio va totalmente en contra del principio de reeducación, rehabilitación y reinserción social que reconoce el Artículo 25.1 de la Constitución española. Ni siquiera se valora ni se distinguen entre penas leves y penas de cierta gravedad.

6º.- Como se indicó anteriormente, tenemos una Ley de Extranjería totalmente mercantilizada y sometida a las necesidades del mercado. Si hace falta mano de obra extranjera, se flexibilizan los criterios de la Administración y las puertas se abren. Si sobran extranjeros, los criterios se recrudecen y se cierran las puertas. Esta realidad está quedando patente en estos años de crisis económica, y vuelvo a reiterar, humanitaria.

7º.- Tenemos una Ley de Extranjería que tipifica la situación de irregularidad administrativa de un extranjero como infracción, pudiendo ser sancionada con la expulsión, y peor aún, con reclusión en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Considero que llegar a privar de libertar a una persona por una simple sanción administrativa (único supuesto contemplado en el Derecho español) resulta cuanto menos contrario a los Derecho Humanos y la propia DUDH.

8º.- Tenemos una Ley de Extranjería que se obstina en no querer aclarar de una vez por todas que la mera situación irregular debe ser sancionada en todo caso con la multa económica, dejando la sanción de expulsión única y exclusivamente para casos excepcionalmente graves en los que concurran otro tipo de elementos a valorar de forma motivada.

La labor de policía y de la Administración, que se empecinan en recurrir constantemente a la sanción de expulsión, demuestran que la Ley no es clara en esta aspecto. A ello hay que sumar la existencia del Procedimiento Preferente de Expulsión, un procedimiento sancionador extremadamente sumario, precario y sin garantías adecuadas y acordes con el tipo de sanción a imponer, esto es, la expulsión de España y de todo el territorio de los Estados que conforman el espacio Schengen (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países, Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza).

9º.- Por último, tenemos una Ley de Extranjería que reconoce la existencia de los CIEs, y que según el propio tenor de la Ley, jamás tendrán carácter penitenciario. Pues bien, acudiendo a la realidad contrastada, y según mi opinión, el CIE debe que ser definido como un centro de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte (según denuncian y documentan instituciones tanto privadas como públicas).

Todo CIE es un centro de deshumanización reconocido por la Ley de Extranjería en un Estado democrático y de Derecho como es España. Si esta situación se da actualmente en este y otros países, y se mantiene, es que algo falla.
________
Ante las conclusiones de este análisis crítico de la Ley de Extranjería, que evidentemente son meramente la opinión de un servidor, estoy totalmente convencido de que la Ley de Extranjería vigente y las políticas migratorias existentes no responde a la realidad del fenómeno migratorio. E incluso volviendo a la Exposición de Motivos de la misma Ley de Extranjería y a su propio nombre, cabría preguntarse: ¿Está España “firmemente comprometida con la defensa de los derechos humanos”? ¿y con “los Derechos y las Libertades de los extranjeros en España y su integración social”?

Yo estoy absolutamente convencido: NO.

3 comentarios:

  1. Excelente reflexión! Mi única observación es que necesitas más citas sobre de dónde obtienes información. Este consejo es para darle mayor valor científico y más veracidad a tu publicación!

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    1. Hola María Victoria. Muchas gracias por tus palabras y por tu consejo. En este caso, lo he enfocado como un artículo de opinión, basado en mi experiencia profesional y el conocimiento en profundidad de la materia. Lo tendré en cuenta. Gracias de nuevo!!

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  2. buenos días
    Añadamos el no cumplimiento, a mi juicio, de la LO 1/1996 de protección jurídica del menor con tantas renovaciones de reagrupación familiar denegadas dejando a los niños sin permiso de residencia con la inseguridad jurídica que acarrea.
    Por juntarlo con tu otra reflexión sobre denegaciones, es verdad que en cada oficina de extranjería lo resuelven de manera diferente, y que depende del político de turno. Por si te interesa tener casuistica te diré que en La Rioja, con el anterior delegado del gobierno se resolvían favorablemente por silencio positivo pero al cambiar el delegado se deniegan por falta de medios económicos. Y por abundar más en el tema, ¿cómo es posible que a los menores nacidos en España se les de la residencia sin apenas requisitos, y en la renovación se les exijan como para la renovación de reagrupación?, ¡Vaya reglamento más integrador!

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