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jueves, 2 de mayo de 2013
Detención de un inmigrante para la incoación de un expediente de expulsión.
















Una de las mayores fobias que tiene todo inmigrante irregular en España es el miedo a que puedan expulsarlo del país. Miedo a la expulsión. Un miedo constante durante esa etapa de irregularidad por la que desgraciadamente pasan muchos inmigrantes, a veces desde su entrada en España (irregularidad originaria), otras, sobrevenida, tras perder su residencia legal debido, especialmente, a esta interminable y desoladora crisis económica.

Con el fin de evitar (en lo posible) esa situación de pánico a ser expulsado y de desconcierto que ahoga al inmigrante que se ve retenido en una comisaría de policía a la espera de la incoación del expediente de expulsión, este artículo ofrece una pequeña guía acerca de los aspectos más relevantes a tener en cuenta durante esos momento, si alguna vez llegan a darse. ¿Qué es un expediente de expulsión? ¿Cómo es el procedimiento que se sigue para imponer esta sanción? ¿Cómo y cuándo puede decretarse el internamiento en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)? ¿Cómo puede eliminarse esta sanción administrativa?

Igualmente, estas líneas deben de servir para despertar la empatía de aquellas personas, españoles y ciudadanos de la UE, que jamás sabrán lo que es estar sometido a un procedimiento de expulsión. Conocer esta realidad es el primer paso para comprenderla.


¿QUÉ ES UN EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN POR ESTANCIA IRREGULAR?

La expulsión es una de las sanciones administrativas que la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000) prevé para el inmigrante que se encuentra en situación irregular en España, esto es, que no dispone de Autorización que le habilita a permanecer legalmente en el país, o teniéndola, no la ha renovado dentro de plazo. De esta definición cabe destacar tras aspectos fundamentales para entender adecuadamente un expediente de expulsión.

En primer lugar, es una simple sanción administrativa. No es una sanción penal (al menos de momento…), por lo tanto, el inmigrante en situación irregular no puede ser equiparado con un delincuente. Como comúnmente se suele decir, la expulsión como infracción equivaldría a una mera infracción de tráfico, si no fuera porque las consecuencias y la sanción impuesta resultan rotundamente desproporcionadas.

En segundo lugar, la expulsión es una de las sanciones previstas por estancia irregular del inmigrante, junto con la sanción de multa. Incluso es necesario aclarar que la sanción tipo prevista por la Ley de Extranjería es la de multa, imponiéndose la sanción de expulsión (en base al principio de proporcionalidad) cuando, además de la mera situación irregular del inmigrante, existan otros elementos negativos que deban de ser tenidos en cuenta para imponer esta sanción. Por lo tanto, la sanción tipo debe ser siempre la multa, siendo la expulsión la sanción máxima cuya imposición al inmigrante debe ser adecuadamente motivada por la Administración.

Desgraciadamente, la interpretación realizada por policía y Extranjería suele ser la contraria, imponiéndose generalmente y por sistema la sanción de expulsión en detrimento de la multa, en contra de la propia Ley de Extranjería y de la interpretación que de ella realiza la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y Tribunales de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas.

Por último, únicamente podrá imponerse la sanción de multa o la de expulsión, nunca ambas sanciones de forma simultánea.                 


¿QUÉ PROCEDIMIENTO SE SIGUE EN UN EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN POR ESTANCIA IRREGULAR?

La Ley de Extranjería distingue entre dos procedimientos para poder imponer la sanción de expulsión por estancia irregular; el Procedimiento Ordinario y el Procedimiento Preferente. Veamos los aspectos fundamentales de ambos.

El Procedimiento Ordinario es el procedimiento básico y genérico establecido por la Ley de Extranjería para la incoación y tramitación de un expediente de expulsión. El Procedimiento Preferente debe ser utilizado cuando exista riesgo de incomparecencia del inmigrante, cuando pueda evitar o dificultar su expulsión, o cuando represente un riego para el orden público, o la seguridad pública o nacional.

En ambos procedimientos se reconoce el Derecho a la asistencia de un abogado (de oficio o de libre designación) y a la de un intérprete si comprende el castellano, de forma gratuita si no dispone de medios económicos.

Hasta aquí las similitudes. Las diferencias entre Ordinario y Preferente son abismales:

a)    El Ordinario prevé como plazo para presentar alegaciones contra el expediente de expulsión 15 días; el Preferente, únicamente 48 horas.

b)    Si se admite la prueba propuesta, el plazo para practicarla en el Ordinario es de hasta 30 días; en el Preferente el máximo es de 3 días.

c)    Contra la propuesta de resolución (de expulsión), el Ordinario permite presentar alegaciones por un plazo de 15 días; en el Preferente no existe esta posibilidad.

d)    Durante la tramitación del expediente de expulsión, el Preferente permite adoptar cualquiera de las medidas cautelares previstas por la Ley de Extranjería (las más comunes son la personación periódica ante policía; residencia obligatoria en determinado lugar; o retirada del pasaporte), incluida el internamiento en un CIE; el Ordinario impide dicho internamiento en el CIE.

e)    Una vez resuelta la expulsión, el Ordinario establece una periodo de salida voluntaria de hasta 15 días, pudiendo prorrogarse en atención a determinadas circunstancias (por ejemplo, tener a cargo hijos escolarizados o vínculos familiares); en el Preferente, la ejecución es inmediata, pudiendo decretarse incluso el internamiento en el CIE.   

En consecuencia, las garantías ofrecidas por el Procedimiento Ordinario son mayores que las del Preferente, siendo este último (desde mi punto de vista) un procedimiento de ínfimas garantías jurídicas, sumario, que provoca una gran indefensión al inmigrante afectado por el mismo. No hay color…
 

¿QUÉ EFECTOS TIENE LA IMPOSICIÓN DE EXPULSIÓN PARA EL INMIGRANTE?

Una vez decretada la expulsión, el inmigrante debe de tener todas las precauciones posibles para que la misma no llegue a ejecutarse.

En primer lugar, como la propia sanción establece, la primera consecuencia es la imposición de una sanción administrativa que conlleva la expulsión del territorio nacional y del resto del territorio Schengen (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países, Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza).

Igualmente, se impone la prohibición de entrada en los territorios delimitados anteriormente por un periodo de 3 a 5 años. La prohibición de entrada puede alcanzar los 10 años cuando el inmigrante suponga una amenaza grave para el orden, seguridad o salud pública, o para la seguridad nacional.

No obstante, es necesario destacar que existen casos en los que no podrá decretarse la expulsión, destacando sobremanera el supuesto de padre o madre de ciudadano español, según determinó en su día el Tribunal Supremo (STS de 26 de Enero de 2005).


¿CÓMO SE REALIZA LA EJECUCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN?

La ejecución de la expulsión, como se indicó más arriba, tiene carácter inmediato si le procedimiento utilizado fue el Preferente. Si el procedimiento fue el Ordinario, se establecerá un periodo de salida voluntaria de entre 7 y 15 días, pudiendo prorrogarse en atención a determinadas circunstancias de especial relevancia como son tener a cargo hijos escolarizados o vínculos familiares, a modo de ejemplo. Transcurrido dicho plazo de salida voluntaria, la ejecución podrá realizarse en cualquier momento.   

En todo caso, si no pudiera realizarse en la ejecución en el plazo de 72 horas, podrá solicitarse el internamiento del inmigrante en un CIE hasta tanto en cuanto pueda ejecutarse la expulsión de España.

No obstante, la ejecución podrá suspenderse o aplazarse cuando se haya presentado una solicitud de protección internacional, hasta su inadmisión o resolución de la misma, o previa valoración, en los siguientes casos: a) mantener la unidad familiar con los miembros que se hallen en territorio español; b) prestar atención sanitaria de urgencia o tratamiento básico de enfermedades; c) permitir el acceso para los menores al sistema de enseñanza básica; y d) necesidades especiales de personas vulnerables.

En la práctica, estos supuestos no suelen ser aplicados por la Administración de motu proprio, sino en la práctica totalidad de los casos son decretados en vía judicial.


¿CÓMO Y CUÁNDO SE INTERNA AL INMIGRANTE EN UN CIE?

El internamiento del inmigrante en un CIE (qué son los CIEs lo veremos con detenimiento en próximos artículos) puede darse en dos momentos:

a)    Inicialmente como medida cautelar adoptada con la incoación del expediente de expulsión. Únicamente puede decretarse si se sigue el Procedimiento Preferente y con el fin de asegurar la expulsión.

b)    Con posterioridad a la imposición de la sanción de expulsión por Extranjería, si detenido el inmigrante no es posible ejecutar dicha expulsión en el plazo de 72 horas.

En estos supuestos, un juez podrá aprobar el internamiento del inmigrante a expulsar en un CIE, que deberá valorar adecuadamente en base al principio de proporcionalidad las circunstancias que concurren en ese caso concreto, especialmente, la posibilidad de riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa; actuaciones que puedan dificultar o evitar la expulsión; la existencia de sanciones administrativas previas o de procesos penales o administrativos sancionadores pendientes. Igualmente deberá tenerse en cuenta la situación de arraigo social, familiar, laboral, etc., del inmigrante a internar en el CIE.

(Esto, al menos, exige la Ley de Extranjería, aunque en muchas ocasiones la realidad dista mucho de la teoría, incumpliéndose estos criterios).

Decretado el internamiento en el CIE, solo podrá mantenerse por el tiempo imprescindible para llevar a cabo la ejecución de la expulsión, teniendo como límite máximo el plazo de 60 días. Igualmente, si en algún momento desaparecieran las condiciones que dieron lugar al internamiento, el inmigrante tendrá que ser puesto en libertad.


¿QUÉ ES LA CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTO?

Afortunadamente para el inmigrante que está intentando regularizar su situación en España, dispone el Reglamento de Extranjería (RD 557/2011) que si en inmigrante al que se la va a iniciar un expediente de expulsión tiene presentada y en trámite solicitud de Autorización de Residencia y/o Trabajo por Arraigo, Circunstancias Excepcionales o Razones Humanitarias, policía deberá de interesarse previamente por el estado de dicho solicitud.

Si esta solicitud cumple con los requisitos exigidos para su concesión, se procederá al archivo del expediente de expulsión, dejando sin efecto las actuaciones realizadas. Sin embargo, si la solicitud fuera a ser denegada, se continuará con la tramitación del expediente de expulsión, pero a través del Procedimiento Ordinario.


¿ES POSIBLE REVOCAR UN EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN UNA VEZ IMPUESTO?

Sí, es posible revocar un expediente de expulsión. La revocación es la posibilidad de eliminar esa sanción de expulsión y que imposibilita al inmigrante poder regularizar su situación en España.

En este sentido, cuando el inmigrante tenga decretada un expediente de expulsión, se podrá revocar, siempre y cuando, se cumplan con los requisitos para la concesión de una Autorización de Residencia y/o Trabajo por Arraigo, Circunstancias Excepcionales o Razones Humanitarias; por ser víctima de violencia de género; por Colaboración contra redes organizadas; o por ser víctimas de la trata de seres humanos. Es necesario tener en cuenta que el único impedimento para la concesión debe ser precisamente la existencia de dicha expulsión.

______________________

Estos son los aspectos más importantes que toda persona debe conocer sobre un expediente de expulsión como sanción administrativa prevista por la Ley de Extranjería.

La próxima semana, en la segunda parte de este artículo, comentaré una serie de consejos legales que todo inmigrante debe tener en cuenta cuando se le inicie un expediente sancionador que pueda acarrear su expulsión de España, con el fin de poder combatir adecuadamente esta sanción administrativa de forma que todo acabe de la manera más favorable para sus intereses: bien, con su revocación en vía administrativa; o bien, con su eliminación y/o sustitución por multa en vía judicial.  

1 comentario:

  1. Se puede expulsar a un extracomunitario casado con española y con hijos mutuos españoles, con tarjeta de residencia familiar de comunitario, caducada? (sin que sea un delincuente ni amenaza ni antecedentes penales)

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