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martes, 9 de abril de 2013
Derechos Humanos vs Derecho Inhumano












En estos días no dejan de aparecer noticias en las redes sociales (la prensa parece que está para otras cosas) que denuncian la vulneración flagrantes de los Derechos Humanos de los inmigrantes en España. Un caso tras otro deja patente que la situación actual de los Derechos Humanos no tiene toda la protección y garantía que se debería presumir en un Estado de Derecho como es España.

Informes sobre el CIEs de Valencia (Zapadores), en los que se han constatado amenazas, insultos, vejaciones sistemáticas, malos tratos físicos, e incluso casos de abuso sexual (‘¿Cuál es el delito?’, Informe de la campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros: Caso Zapadores).

Pero estos casos no son aislados. No hay que retroceder mucho en el tiempo para recordar las muertes de inmigrante en los CIEs de España: Samba Martine en diciembre de 2011 el CIE de Aluche; e Ibrahim Sissé en enero de 2012 el CIE de Barcelona.

Una realidad vergonzosa para un Estado de Derecho.

También sorprende la muerte de una mujer boliviana en Valencia a la que una simple gripe mal diagnosticada le arrebató la vida ante la desesperación de sus esposo que veía como la ambulancia tardaba más de 2 horas en llegar (el Ministerio Fiscal investiga por posible negligencia médica e indicios racistas). Consecuencias de la negativa a atenderla por parte de los servicios hospitalarios provocados por la reforma sanitaria.

Una realidad vergonzosa para un Estado de Derecho.

Para colmo nos encontramos con un anteproyecto de reforma del Código Penal (Artículo 318 bis) que intenta criminalizar la ayuda prestada a un inmigrante irregular con penas de prisión de hasta dos años. Como posibles responsables penales una lista interminable: ONGs, entidades religiosas, entes públicos, abogados, transportistas, personas altruistas,… en fin, cualquiera, tú y yo incluidos. Estos intentos de criminalizar al inmigrante y de criminalizar a quien le presta ayuda, podría ser calificado como un chiste de mal gusto si no fuera porque la sanción penal prevista puede acarrear una pena privativa de libertad.

Una realidad vergonzosa para un Estado de Derecho.

Y no podían faltar las polémicas tasas judiciales. Éstas afectan a todos los ciudadanos, no solo a los inmigrantes. En el caso de los extranjeros, nos encontramos con la clamorosa situación (absurda, ilegítima e inconstitucional a mi manera de ver) donde la tutela judicial reconocida constitucionalmente en España como Derecho Fundamental por el Artículo 24.2 queda en mero papel mojado. ¿Cómo es posible que para poder recurrir un Expediente de Expulsión, situación que nace del poder punitivo del Estado, se tengan que pagar tasas por valor de 218 euros? A veces, la única manera de poder parar una expulsión es acudir a instancias judiciales. Y mucho peor ¿Cómo se puede concebir que para recurrir un Auto que deniega la suspensión de la ejecución de dicha expulsión haya que pagar la cantidad de 818 euros de tasas? Pero esto es únicamente una muestra: denegaciones de reagrupación familiar, renovación de autorizaciones, supuestos por circunstancias excepcionales o razones humanitarias,…

Una realidad vergonzosa para un Estado de Derecho.

Y esto es solo la punta del iceberg. Todos estos casos del día a día muestran y demuestran las vergüenzas de un Estado de Derecho como es (o debería ser) España. Uno se pregunta en qué mundo vivimos. O mejor dicho: ¿en qué Estado de Derecho vivimos? ¿O habría que decir “Estado de Derecho”?

Recuerdo cuando comencé la carrera de Derecho. En la asignatura Derecho Natural, uno de los autores estudiados, Nomberto Bobbio, en su Teoría General de Derecho, distinguía entre la validez jurídica de una norma y su relevancia en relación con los valores de Justicia. Considera Bobbio que si bien una norma jurídica puede tener su validez reconocida por el sistema, una vez que ha sido aprobada según el procedimiento establecido, la misma no siempre representa los valores de Justicia a las que el Derecho debe aspirar. Ejemplos claros de esta situación son las leyes existentes durante muchos siglos que permitían la esclavitud de las personas; las leyes sobre apartheid en Sudáfrica; o las leyes promulgadas en Alemania contra los judíos durante el Tercer Reich.

Las diferencias puestas de relieve por Bobbio entre leyes justas y leyes injustas están totalmente de vigencia hoy en día. Y desgraciadamente la existencia de leyes injustas en relación con los Derechos Humanos resulta cada más patente. Ejemplos de ello también citados anteriormente: Una Ley de Extranjería que permite la existencia de Centros de Internamiento de Extranjeros donde se amenaza, se coacciona, se maltrata, se humilla, se abusa, e incluso donde llegan a morir personas que se encuentra recluidas de libertad; una reforma sanitaria que restringe el Derecho a la Salud de los inmigrantes en situación irregular, llegando a provocar la muerte de personas necesitadas de un médico que las atienda; o una Ley de Tasas judiciales que crea una Justicia para ricos y otra para pobres, que impide el acceso efectivo a la tutela judicial con todas las garantías previstas por la Constitución para todas las personas, independientemente de su nacionalidad; y que no decir de ese anteproyecto de reforma del Código Penal que quiere criminalizar la hospitalidad a diestro y siniestro.

En fin, la existencia de leyes injustas y contrarias a los Derechos Humanos son evidentes. Leyes injustas pensadas y aprobadas por quienes nos gobiernan, por quienes nos representan legítimamente. Aunque cabría preguntarse: ¿Por quienes de verdad nos representan legítimamente? Yo estoy totalmente convencido de que no es así. El pueblo reclama sin cesar un Derecho justo y legítimo. Un Derecho que represente sus ansias de Justicia. Un Derecho que defienda y dé cobertura legal a las necesidades más elementales del ser humano.

Sin embargo, ¿qué se encuentran a cambio?: Un sistema político enfermo y endémico donde la corrupción se ha convertido en la regla general y donde la impunidad (desgraciadamente) campa a sus anchas; una (descastada) casta política que cada vez menos puede ser considerada como representativa y merecedora de la confianza ciudadana; dinero público derrochado negligentemente; en unos casos, dinero público que (presuntamente) ‘Noos’ han estado robado durante años llevando por bandera el ‘sin ánimo de lucro’; en otros, dinero público que perteneciendo al pueblo andaluz se ha malgastado en gambas, putas y cocaína; en fin, dinero público que se recorta de otros lugares y que se destina al rescate de la banca.

Ésta es, al fin y al cabo, la realidad que la gente de la calle se encuentra en el día a día: por un lado, leyes injustas aprobadas contra todos en general, y contra los Derechos Humanos (especialmente de los inmigrantes), en particular; y por otro, leyes injustas aprobadas para amparar los privilegios y la impunidad de unos pocos, y mantener un sistema, que como se dijo anteriormente, está claramente enfermo y endémico.

En conclusión, y por si todavía no ha quedado claro hasta ahora: Nos encontramos ante una realidad vergonzosa para un Estado de Derecho.   

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