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martes, 16 de abril de 2013
El pasado 1 de abril entraron en vigor las últimas modificaciones introducidas en el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar (por medio del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social).

Las modificaciones introducidas fueron muy criticadas por sindicatos y organizaciones sociales, ya que se consideraban como un nuevo retroceso en los Derechos de estos trabajadores y trabajadoras (mujeres en su gran mayoría). No obstante, desde el punto de vista de la situación social y laboral a la que se encuentran sometidas la gran mayoría de la mano de obra que desarrolla su actividad dentro del ámbito del servicio doméstico, esto es, inmigrantes –en su práctica totalidad mujeres (1)-, quizás las conclusiones de sindicatos y organizaciones sociales no sean tan fieles a la realidad migratoria.

Obviamente, resultan conclusiones diametralmente opuestas. No obstante, partiendo de esa realidad migratoria, y de la experiencia adquirida del día a día en el desarrollo de mi trabajo, no tengo duda alguna de que es así.


En concreto, el Real Decreto-ley 29/2012 introduce una figura muy parecida, aunque no idéntica (jurídicamente hablando existen ciertas diferencia), a lo que la anterior normativa denominaba como empleados de hogar discontinuos. Los cambios introducidos se fundamentan en los siguientes aspectos:

a)      Se establece que los empleados de hogar que presten servicios con jornadas de trabajo inferior a las 60 horas mensuales, deberán asumir directamente su afiliación, alta, baja o comunicación de variaciones de datos ante la Seguridad Social, si así lo acuerdan con el empleador.



b)      En estos casos, el empleado de hogar será responsable del cotizar a la Seguridad Social, debiendo de percibir del empleador la parte correspondiente de la cuota a ingresar.


Si bien puede considerarse que ambos aspectos son contraproducentes a los Derechos de los trabajadores del servicio doméstico, desde el punto de vista del inmigrante que trabaja como empleado de hogar, y sobre todo, de las exigencias impuestas por el Derecho de Extranjería en vigor, la vuelta de esta figura de trabajador discontinuo debe ser considerara como necesaria para el mantenimiento del estatus de residencia legal de muchos inmigrantes.  


En efecto, por un lado la crisis, pero por otro la eliminación en 2011 de la figura del trabajador discontinuo ha venido provocando que muchos inmigrantes que trabajan como empleados de hogar no hayan podido trabajar de alta en la Seguridad Social, y por ende, cumplir con los periodos de cotización exigidos por el Derecho de Extranjería para poder renovar la Autorización de Residencia y Trabajo de la que eran titulares. Soy testigo de infinidad de casos en este sentido, al igual que muchos abogados y entidades sociales que se dedican a la atención y asesoramiento a inmigrantes. Muchos se preguntaran qué relación existe entre una cosa y otra: muy sencillo. El anterior supuesto como trabajador discontinuo permitía al trabajador domestico controlar su situación laboral desde el mismo momento en el que se venía haciendo responsable de la afiliación, alta, y especialmente, de la cotización a la Seguridad Social.


Hay que partir de un hecho indiscutible: el servicio doméstico es uno de los trabajos donde la regulación jurídica destaca especialmente por la evidente vulnerabilidad de sus trabajadores, con un marco normativo de eminente desprotección donde los trabajadores deben ser considerados como unos auténticos olvidados dentro de las reformas laborales (entendidas en el buen sentido del término) llevadas a cabo en las últimas décadas. Y los casos y abusos cometidos sobre los empleados de hogar, especialmente sobre las mujeres, son una muestra innegable de ello: salarios míseros; jornadas de trabajo excesivas; supuestos en los que la retribución en especie llegaba a alturas abusivas; trabajadores en régimen interno que pasan las 24 horas del día encerrados en una casa prestando servicios; vacaciones y días de descanso no respetados ni disfrutados; y ello sin hacer mención a auténticos casos en los que existe explotación laboral, abuso sexual, humillaciones, vejaciones,… convirtiendo a la persona en auténtico esclavo del siglo XXI.


Toda esta lista de barbaridades fueron, son y siguen siendo el pan nuestro de cada día dentro del mundo del servicio doméstico, y resultan ilustrativas para considerar que su regulación en España es, como poco, inapropiada y desafortunada para los tiempos que vivimos. Aún más cuando muchos de los Derechos reconocidos en la actual regulación carecen de mecanismo (serios) que garanticen su efectivo cumplimiento.


Pero además, respecto al trabajador inmigrante (extracomunitario) existe un abuso adicional que no puede darse sobre el nacional o ciudadano de la UE: las consecuencias de la falta de alta y cotización a la Seguridad Social. Habrá quien piense que este hecho perjudica a cualquier trabajador por igual, si pensamos en una futura jubilación, incapacidad, bajas por maternidad, enfermedades, etc… Cierto, todas estas circunstancias son comunes a cualquier trabajador, extranjero o nacional, pero existe una diferencia vital. Los inmigrantes (por regla general) se encuentran obligados a tener que demostrar determinados periodos mínimos de alta en la Seguridad Social para poder renovar la Autorización de Residencia y Trabajo de la que son titulares, y con ello, mantener la residencia legal en España.


Esta falta de alta en la Seguridad Social es la que está acarreando que muchos inmigrantes que trabajan como empleados de hogar no puedan seguir manteniendo su residencia legal, y junto con ellos, todos los familiares que viven a su cargo o que tienen alguna relación de dependencia. La irregularidad sobrevenida en cadena está siendo una lacra en los últimos años debido a la crisis, pero especialmente entre los empleados de hogar, debido a la falta de alta en la Seguridad Social. Y es que dentro de esta situación hay una realidad innegable: los empleadores se niegan en muchos casos a asumir las cuotas de cotización de la Seguridad Social que les corresponde desde la aplicación efectiva del Real Decreto 1620/2011, y que antes debía cubrir el propio trabajador. Ante esa tesitura muchos empleados de hogar terminan trabajando sin alta en la Seguridad Social y sin cotizar, viendo como se marchan poco a poco las posibilidades de poder renovar su estatus legal.


Evidentemente, en ningún momento defiendo, ni defenderé que el trabajador en servicio doméstico tenga que tragar con todo y asumir los abusos por parte de su empleador. Lo que sí defiendo es el Derecho de todo inmigrante que trabaja duro y con esfuerzo cada día, a que pueda renovar su Autorización y continuar siendo residente legal en España. Y esa situación es la que ofrece esta última modificación del Sistema especial para Empleados de Hogar, esto es, el poder controlar su situación laboral y poder cubrirse las espaldas con garantías de continuar manteniendo ese estatus legal que tanto cuesta conseguir.


En un mundo perfecto, los empleados de hogar tendrían todos los Derechos y las mismas garantías que cualquier otro trabajador por cuenta ajena (por cierto, ¿para cuándo el reconocimiento de la prestación por desempleo para un empleado de hogar? ¿Acaso no cotizan igual que cualquier otro trabajador? Hay fórmulas y mecanismos para, al menos, un reconocimiento parcial, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores autónomos). En un mundo perfecto, el trabajador inmigrante tendría garantías efectivas (no solo teóricas) de poder mantener la residencia legal ante abusos y ausencias de cotización achacables a sus empleadores. En un mundo perfecto, debería poderse reconocer una vergonzosa realidad fáctica como es la enorme burbuja de economía sumergida existente en el servicio doméstico, donde el perjuicio clamoroso recae sobre los trabajadores, únicas víctimas del actual sistema.

Pero sobre todo, en un mundo perfecto, el trabajador inmigrante no debería dejar de ser residente legal porque el empleador no quiera darle de alta en la Seguridad Social y el sistema no prevea otras vías para el mantenimiento de este estatus legal. Mientras que no existe una alternativa mejor, en este mundo imperfecto, la única alternativa efectiva para ello es esta figura como trabajador discontinuo que el Real Decreto-ley 29/2012 vuelve a introducir.


En consecuencia, mientras ese mundo perfecto no llegue, se debe permitir que el trabajador inmigrante pueda gestionar autónomamente su propia estabilidad laboral, que ante la falta de una figura jurídica como es la del trabajador discontinuo, le viene empujando desde la aplicación efectiva del Real Decreto 1620/2011 hacia la economía sumergida forzada, la irregularidad sobrevenida propia y de sus familiares, y la perdida irremediable de Derechos básicos (no hay que olvidar que con la reforma sanitaria los inmigrantes en situación irregular han visto restringido el Derecho a la Asistencia Sanitaria de forma drástica).


Creo que hay una realidad evidente, esta es, la irregularidad sobrevenida en la que están cayendo miles de inmigrantes que hasta 2011 venían trabajando por horas y gestionaban su propia situación laboral mediante la figura del trabajador discontinuo, a la que hay que dar respuestas antes de plantearnos metas de mayor envergadura.


Creo sinceramente que si no se trabaja en esa dirección, se corre el riesgo de ignorar necesidades básicas e imprescindibles para el desarrollo pleno de otros Derechos de mayor relevancia.
___________________
(1) El porcentaje medio de mujeres inmigrantes en situación de alta en el Sistema especial para Empleados de Hogar respecto al de hombres representa90%.

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