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martes, 2 de abril de 2013
Ha llovido ya bastante desde que el pasado 1 de Septiembre de 2012 entrara en vigor de forma plena la polémica reforma sanitaria llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 16/2012 aprobado por el actual gobierno. Pero a pesar del tiempo transcurrido (7 meses), todavía siguen existiendo ciertas dudas sobre algunos aspectos de la reforma sanitaria. Uno de estos puntos controvertidos es el Derecho a la Asistencia Sanitaria de los extranjeros que se encuentran en España, tras la modificación del Artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000 (Ley de Extranjería) y de los Artículos 3 y 3 ter de la Ley 16/2003 (Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud).

En efecto, aunque los preceptos citados, presuntamente buscaban delimitar el Derecho a la Asistencia Sanitaria de los extranjeros, fueran residentes legales o inmigrantes en situación administrativa irregular, todavía hoy sigo siendo testigo de casos en los que, por ejemplo, los Centros de Salud niegan la expedición de la Tarjeta Sanitaria a extranjeros residentes legales a la que tienen Derecho según lo dispuesto en los recién modificados Artículo 12 de la Ley de Extranjería y Artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Salud. O supuestos en los que inmigrantes en situación irregular son desatendidos en los servicios de urgencias de algunos hospitales, algo a todas luces ilegal (sin entran en valoraciones éticas, humanitarias o deontológicas, y como no, constitutivas de delito) al considerar que la enfermedad o dolencia de la que se aquejan no se encuentra dentro de los supuestos previstos por la legislación en vigor.

Pues bien estas situaciones, a día de hoy se siguen dando. Y no hablo de casos aislados. Me sorprende, en primer lugar, el profundo desconocimiento que está demostrando una parte de las personas responsables de garantizar la asistencia sanitaria de los inmigrantes (nunca se debe generalizar). Pero me sorprende aún más, que habiendo transcurrido 7 meses desde la reforma sanitaria en este sentido, todavía se sigan dando estos supuestos de indefensión y vulneración en un Derecho tan básico y trascendental como es el Derecho al acceso a la Salud de la población inmigrante.

Por todo ello, el objetivo del presente texto es aclarar lo máximo posible los distintos supuestos en los que el actual Ordenamiento Jurídico reconoce el Derecho a la Asistencia Sanitaria de los extranjeros en España.

I. EXTRANJERO RESIDENTE LEGAL.

Antes de comenzar por delimitar los supuestos en los que el extranjero residente legal tienen reconocido el Derecho a la Asistencia Sanitaria, es necesario poner de relieve que el Artículo 12 de la Ley de Extranjería, tras la modificación sufrida por la reforma sanitaria, dispone que «Los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria».

Según se desprende de dicho precepto, desde entonces es necesario acudir a lo dispuesto en el articulado de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en especial su Artículo 3.

De conformidad con ello, el extranjero residente legal en España tiene reconocido el Derecho a la Asistencia Sanitaria en los siguientes supuestos:

a)      Extranjero trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que se encuentre de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada al alta.

b)      Extranjero que tenga reconocida una pensión por la Seguridad Social.

c)      Extranjero que esté percibiendo la prestación o el subsidio por desempleo, así como cualquier otra prestación reconocida por la Seguridad Social.

d)     Extranjero que se encuentra en situación de desempleo tras haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo.

e)      Extranjero que no encontrándose en ninguno de los supuestos anteriormente citados, (sea nacional de un estado de la UE, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y que resida en España, o), siendo residente legal en España, no disponga de ingresos propios superiores a los 100.000 Euros al año.

Este supuesto, uno de los que crea más confusión, reconoce el Derecho a la Asistencia Sanitaria por el simple hecho de ser residente legal en España sin más límite que el no tener ingresos superiores a los 100.000 Euros en cómputo anual. 

f)       Por último, también se reconoce el Derecho a la Asistencia Sanitaria al extranjero residente legal que sea cónyuge o persona con análoga relación de afectividad (léase, pareja de hecho), al ex cónyuge a cargo, así como los descendientes y personas asimiladas a cargo menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65%.

Según los supuestos citados, únicamente cabría excluir al extranjero residente legal del Derecho a la Asistencia Sanitaria cuando disponga de ingresos propios superiores a las 100.000 Euros, en cuyo caso la asistencia sanitaria podrá obtenerse bajo pago de la misma. Salvo esta excepción, en los demás casos, el extranjero residente legal tendrá siempre Derecho a la Asistencia Sanitaria, situación idéntica a la de una persona de nacionalidad española.

En estos casos, el Derecho a la Asistencia Sanitaria reconoce la siguiente cobertura:

a)     Atención Primaria: Nivel más básico de la atención sanitaria, incluye entre otras, la asistencia sanitaria bajo cita previa o de urgencias; prescripción y realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos; actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención comunitaria; rehabilitación básica; atención paliativa a enfermos terminales; atención de salud mental; o atención de  salud bucodental.

b)   Atención Especializada: Garantiza la continuidad de la atención integral al paciente cuando se sobrepasa la atención primaria y hasta su reintegración en dicho nivel. Comprende la asistencia especializada en consultas y hospitalaria; hospitalización en régimen de internamiento; apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y, en su caso, la hospitalización a domicilio; prescripción y realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos; atención paliativa a enfermos terminales; atención de salud mental; y rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.

c)    Atención Sociosanitaria: Conlleva el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos (generalmente crónicos) que por su situación pueden beneficiarse de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social. Se incluyen en este nivel: Los cuidados sanitarios de larga duración; la atención sanitaria de convalecencia; y la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.

d)   Atención de Urgencia: Es aquella que se dispensa cuando la situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata, ya sea en Centros Sanitarios o en el domicilio del paciente, durante las 24 horas del día. Incluye atención médica y de enfermería.

e)    Prestación Farmacéutica: Comprende los medicamentos, productos sanitarios y las actuaciones sanitarias, en las dosis precisas según cada paciente, durante el período de tiempo necesario.

f)    Prestación Ortoprotésica: Uso de prótesis ortopédica que sustituye total o parcialmente una parte del cuerpo, o modifica, corrige o facilita su función.

g)   Transporte Sanitario: Es el desplazamiento del enfermo por causas exclusivamente clínicas, cuya situación le impida desplazarse en los medios ordinarios de transporte.

Esta es la situación actual del extranjero residente legal en España según las modificaciones introducidas por la reforma sanitaria.

II. EXTRANJERO EN SITUACIÓN IRREGULAR.

Los extranjeros en situación irregular son los que más han sufrido los recortes excesivos de la reforma sanitaria. Hay que recordar que antes de la reforma, el Artículo 12.1 de la Ley de Extranjería establecía que «Los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles».

Tras la reforma sanitaria, el gobierno ha limitado el Derecho a la Asistencia Sanitaria del extranjero en situación irregular a lo dispuesto en el nuevo Artículo 3 ter de la Ley 16/2003. Dicho precepto reconoce únicamente el Derecho a la Asistencia Sanitaria del extranjero irregular en los siguientes casos:

a)      Supuesto general: Asistencia de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica.

b)      Para la mujer: Asistencia al embarazo, parto y postparto.

c)      Para los menores de 18 años: Asistencia Sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

Al margen de estos dos últimos supuestos, que no han sido modificados por la reforma sanitaria, el extranjero en situación irregular únicamente tendrá Derecho a la atención de urgencia por enfermedad grave o accidente.

En comparación con la situación de extranjero residente legal, al que se encuentra en situación irregular:

a)    NO se le reconoce y se le retira el Derecho a la Atención Primaria.

b)   NO se le reconoce y se le retira el Derecho a la Atención Especializada.

c)    NO se le reconoce y se le retira el Derecho a la Atención Sociosanitaria.

d)   NO se le reconoce y se le retira el Derecho a la Atención de Urgencia para cualquier tipo de atención que no responda a enfermedad grave o por accidente.

e)    NO se le reconoce y se le retira el Derecho a la Prestación Farmacéutica.

f)    NO se le reconoce y se le retira el Derecho a la Prestación Ortoprotésica.

g)   NO se le reconoce y se le retira el Derecho al Transporte Sanitario.

Para poder acceder a estos Derechos, la reforma sanitaria exige al inmigrante irregular el pago de la prestación de estos servicios sanitarios.

La diferencia entre ambos supuestos resulta abismal. A pesar de los intentos por dar una explicación coherente a esta restricción de Derechos por parte de autores y defensores de esta atroz reforma del Derecho a la Asistencia Sanitaria de los inmigrantes irregulares, no logro entender como en pleno siglo XXI se puede llegar a cercenar un Derecho tan valioso como es el Derecho a la Salud.

En efecto, no hay que olvidar que con estas restricciones se está especulando con el Derecho a la salud y a la integridad física de estas personas, y por ende, con un Derecho Humano de reconocimiento universal como es el Derecho a la Vida, Derecho Fundamental en España según dispone el Artículo 15 de la Constitución.

¿Cómo es posible que un Estado de Derecho restrinja un Derecho de vital importancia basándose en meros criterios oportunistas? ¿Depende la solidez del sistema público de sanidad español de excluir a estas personas de la atención sanitaria? ¿De verdad estamos dispuestos a legitimar este tipo de restricciones y cargar en nuestra conciencia las funestas consecuencias que pueden acarrear?

Si bien es cierto que algunas Comunidades Autónomas han decidido hacer caso omiso a dichas restricciones introducidas por la reforma sanitaria, no menos cierto es que no existe claridad ni homogeneidad en las decisiones tomadas. Sin ir más lejos, como dije al comienzo, yo mismo he sido testigo de casos de hospitales en la provincia de Cádiz que se han negado a la atención de urgencia por considerar que el inmigrante en situación irregular no se encontraba en el supuesto contenido en el Artículo 12 de la Ley de Extranjería; o de la abuelita a la que un Centro de Salud le retiro un tratamiento médico con problemas cardiacos hasta la obtención de su Autorización de Residencia; incluso casos en los que no se reconoce el Derecho a la obtención de la Tarjeta Sanitaria de una inmigrante residente legal por considerar (antijurídicamente) que no se encontraba en ninguno de los supuestos previstos por la Ley.

Esto sucede en la provincia de Cádiz, Andalucía, a pesar de haberse repetido una y otra vez que la Comunidad Autónoma mantendría el Derecho a la Asistencia Sanitaria en las mismas condiciones que se reconocían a todos los extranjeros antes de la reforma sanitaria. Desconozco como estarán actuando otras CC.AA., pero lo cierto es que por acción u omisión el Derecho a la Asistencia Sanitaria de los inmigrantes en Andalucía (al menos en la provincia de Cádiz) no está teniendo la cobertura prometida.

Pero yendo un paso más allá, habría que cuestionarse directamente el fin último de una Ley de Sanidad, como es la Ley 16/2003, la cual no respecta sus principios más básicos y elementales. Para ello solo tenemos que acudir a su propia Exposición de Motivos, según la cual «La Constitución Española de 1978, en su artículo 41, afirma que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad; asimismo, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios».

O su Artículo 2 b), según el cual considera principio básico en el que se sustenta dicha Ley el «aseguramiento universal y público por parte del Estado».

En plena crisis económica y humanitaria ¿Dónde están las garantías que debe prestar la Ley de Sanidad contra esas supuestas «situaciones de necesidad»? ¿Cómo se garantiza y se reconoce «el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios», cuando hay una reforma sanitaria que mutila estos Derechos para los extranjeros en situación irregular? ¿Dónde ha quedado ese «aseguramiento universal y público por parte del Estado»?

Resulta grotesco ver como el propio Real Decreto-Ley 16/2012 justifica la reforma sanitaria llevada a cabo considerando que «será de esta manera como realmente se podrá garantizar a los ciudadanos una asistencia sanitaria pública, gratuita y universal».

¿En qué lugar de dicha afirmación se encuentra el inmigrante irregular? Al menos que, evidentemente, no consideremos al inmigrante irregular como ciudadano digno de estos Derechos. Después de todo, quizás resulten no ser personas, sino simple escoria que no merecen más atención. Más Derechos.

Lo que si queda claro es que nos encontramos con un gobierno y un Estado “de Derecho” que delimita y distinguen sus Derechos Humanos más elementales, como son el Derecho a la Salud y el Derecho a la Vida, entre seres humanos de primera y seres humanos de segunda.

1 comentario:

  1. En vista de lo explicado en el artículo y aunque se presente en el hospital la resolución que concede el permiso de trabajo y residencia en España o incluso el NIE (Tarjeta física):
    ¿¿¿Es ilegal que el Hospital Ramón y Cajal te haga firmar un documento en el que te indican que la factura de servicios de urgencia te llegará a casa si en 15 días si no justificas tener cobertura social garantizada (a través del impreso de solicitud de la tarjeta sanitaria en el centro de salud o la propia tarjeta sanitaria)????
    ¿¿¿Se puede demandar al hospital o centro de salud por dicho procedimiento al considerar que no se me ha dado el mismo trato que al resto de los españoles tal como lo indica la ley vigente; más aún si pago impuestos, cotizo a la seg. social y cumplo con las demás obligaciones ""al igual que el resto de los españoles""???

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